GENRENT y Electro Oriente: un contrato que Loreto debe revisar

El problema eléctrico de Iquitos ya no admite explicaciones a medias. Mientras Genrent y Electro Oriente intercambian responsabilidades, los usuarios siguen soportando las consecuencias de un modelo contractual que merece ser examinado con mucha mayor severidad. No estamos hablando de un contrato cualquiera: se trata del suministro de un servicio esencial para toda una ciudad. Por eso, la primera pregunta que debe hacerse es si este acuerdo realmente ha protegido el interés de los loretanos o si, con el paso de los años, terminó generando una dependencia que hoy resulta difícil de justificar.
El contrato entre Genrent y Electro Oriente nació en un contexto determinado y bajo unas condiciones que no necesariamente son las mismas de hoy. Iquitos ha crecido, la demanda energética ha aumentado y las necesidades de la población son otras. Sin embargo, el contrato continúa marcando la relación entre una empresa privada y una empresa estatal que tiene la responsabilidad de garantizar el servicio. ¿Se han revisado suficientemente sus condiciones? ¿Son equilibradas para ambas partes? ¿Qué recibe Loreto a cambio de los compromisos económicos asumidos? Estas no son preguntas menores y deberían tener respuestas públicas, claras y documentadas.
Más aún, resulta cuestionable que una empresa estatal como Electro Oriente tenga que mantener una relación de dependencia tan importante con un proveedor privado para garantizar el abastecimiento eléctrico de Iquitos. Si el contrato establece obligaciones de generación, suministro, disponibilidad y pago, corresponde conocer con precisión qué sucede cuando alguna de esas condiciones no se cumple. No puede existir un contrato de largo plazo en el que las obligaciones estén perfectamente escritas, pero las responsabilidades se vuelvan difusas cuando aparecen los problemas. La letra del contrato no puede convertirse en un escudo para ninguna de las partes.
También debe revisarse si el modelo contractual mantiene hoy la misma justificación económica que tuvo cuando fue firmado. Un acuerdo puede haber sido conveniente en determinado momento y dejar de serlo cuando cambian las circunstancias. Lo que no puede aceptarse es que, por tratarse de un contrato vigente, se dé por sentado que sus condiciones son intocables. Si existen costos, obligaciones, riesgos o beneficios que hoy resultan desproporcionados, corresponde discutirlos abiertamente y, si la ley lo permite, plantear las correcciones necesarias. El interés público debe estar por encima de la comodidad de mantener un acuerdo simplemente porque así fue pactado hace años.
El Congreso, al investigar la concesión de Genrent y el contrato de suministro con Electro Oriente, puso sobre la mesa interrogantes que no pueden terminar archivadas entre documentos y conclusiones burocráticas. Loreto necesita saber cómo se estructuró este negocio, quién tomó las decisiones, qué beneficios obtuvo cada parte, qué obligaciones se han cumplido y cuáles no, y qué mecanismos tiene el Estado para defender los intereses de los usuarios. Si el contrato es sólido, que se demuestre con transparencia. Si tiene deficiencias, que se corrija. Y si existen responsabilidades, que se establezcan.
Genrent y Electro Oriente no pueden continuar convirtiendo cada problema en una disputa de responsabilidades. La empresa privada debe responder por las obligaciones que asumió y la empresa estatal debe responder por su gestión y por la defensa de los intereses de sus usuarios. Pero, por encima de ambas, está el Estado, que tiene la obligación de fiscalizar que un contrato de esta magnitud no termine perjudicando a una población que no tuvo ninguna participación en su negociación. Loreto no necesita un contrato que solo funcione para las empresas; necesita un contrato que funcione para Loreto. Y si después de más de una década ese objetivo no se ha cumplido, ha llegado la hora de revisarlo sin miedo, sin privilegios y con los intereses de Iquitos por delante.