Frentes de ataque

La batalla contra la corrupción es dura y necesita de varios frentes de ataque, porque ya hemos visto cómo muchos se contagian de los actos ilegales para robarle al Estado el dinero que se debe invertir en todo el país para el beneficio común.
Es como una lluvia con truenos y relámpagos que no termina, donde nos seguimos enterando de cómo el dinero público es desviado de muchas formas para ir a parar a los bolsillos de ciudadanos que actúan contra la ley.
El pueblo en su mayoría no quiere este tipo de administraciones corruptas en nuestro país, sea de derecha, de izquierda, de centro, de los extremistas, de nadie. Lo que se espera es que los estamentos del Estado lo ocupen personas idóneas profesionalmente y en su moral, asimismo, valores como la honestidad.
Si bien las fiscalías anticorrupción hacen su trabajo, ellos actúan cuando se presenta la sospecha del delito o cuando se da una denuncia explícita. Pero, qué estamos haciendo para prevenir que las instancias públicas se sigan llenando de potenciales ladrones de los recursos económicos de todos los peruanos y peruanas.
Se desliza que la Contraloría tiene las recomendaciones sobre el perfil de los profesionales que llegan a cargos decisorios en materia de los presupuestos, pero ha fracaso hace rato, porque hasta los funcionarios de las oficinas de control estaban atados por su sueldo, a las autoridades que tenían que controlar.
Recordamos hace unos años cuanto tomamos conciencia que el sueldo de los funcionarios de la Contraloría dependía de los alcaldes, nos pareció tan contraproducente.
Cómo se puede actuar en plena independencia de control frente a quien te paga el sueldo. Esta figura ya cambió, y ya no salen sus remuneraciones de los municipios ni de ninguna dependencia a la cual tengan que vigilar el manejo de los recursos económicos estatales.
Pero, seguimos en una figura parecida pero esta vez desde el perfil de profesionales que contratan las autoridades elegidas por el pueblo en voto democrático. Se rodean de profesionales de dudosa reputación, que están siendo procesados o que han estado incluso en prisión preventiva en la cárcel.
Frente a esto parece ha salido el Decreto Supremo N°092-2017 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que sería la base para el Certificado Antisoborno con miras al Bicentenario, que deben tener las entidades públicas y privadas para ser monitoreadas en aspecto como el personal que contratan para el manejo de los fondos. Veremos qué pasa y cuántos acatan la norma legal.