- Nuevas pruebas revelan presunta alteración de la escena del crimen.
La Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra el adolescente de iniciales S.J.R.B. (16 años), uno de los presuntos implicados en el caso de abuso grupal cometido contra una menor de la misma edad. La audiencia se llevó a cabo ayer por la tarde, en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, a cargo del juez Jairon Neiser Salazar Angulo.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, la medida responde a la urgencia de presentar la acusación antes del vencimiento del plazo legal. Sin embargo, la Fiscalía ya prepara una ampliación de la investigación, pues han surgido nuevas pruebas que comprometerían a más involucrados.
Según la información obtenida, las cámaras de seguridad de la zona fueron revisadas al filo del plazo —alrededor de las 10 u 11 de la noche del último lunes 15 de septiembre—. En dichas imágenes se observa al padre del menor infractor, identificado como el abogado J.M.R., ingresando y saliendo de la oficina ubicada en la calle Morona junto a su hijo y otro joven, en varias ocasiones tras el hecho. Estos registros gráficos evidenciarían una posible alteración de la escena del crimen, lo que pondría al abogado en la mira de la justicia como presunto cómplice.
Al inicio de las diligencias, tanto el padre como el hijo negaron la presencia de un tercer individuo, pero las grabaciones demostrarían lo contrario. Por este motivo, la Fiscalía evalúa incluir no solo a los dos primeros implicados, sino también a un tercer participante aún no identificado plenamente y al propio padre abogado, en calidad de encubridor.
Con estas revelaciones, el caso ya apunta a la participación de al menos cuatro presuntos implicados en el delito de violencia sexual contra la menor.
La magnitud de este crimen ha generado indignación, pero también deja en evidencia una preocupante ausencia: las voces de los colectivos que suelen alzar la bandera de la lucha contra la violencia de género. Frente a un hecho tan grave, ¿dónde están quienes proclaman “Ni una menos”? ¿Se hará escuchar la sociedad en defensa de las niñas y adolescentes que siguen siendo víctimas de estas atrocidades?
Más allá de las sanciones penales, este caso interpela directamente a la comunidad. No basta con señalar a los agresores: es urgente romper la cultura del silencio, exigir justicia sin privilegios y asumir que proteger a nuestras niñas es un deber colectivo, no un discurso pasajero.
(C. Ampuero)
