- Y uso ilegal de arma de fuego en Iquitos.
Dos personas, entre ellas un suboficial de la Policía Nacional del Perú, recuperaron su libertad luego de permanecer detenidas por una investigación relacionada con una presunta extorsión y el supuesto uso irregular de un arma de fuego en Iquitos. Sin embargo, ambos continúan comprendidos en las investigaciones fiscales y deberán responder ante las autoridades conforme avance el proceso.
Los investigados fueron identificados como Tedi Sajami Salas y el suboficial de tercera PNP Martín Yasser Carrasco del Castillo, de 32 años. El primero es investigado por los presuntos delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego, mientras que el efectivo policial afronta una investigación por la presunta facilitación o alquiler de su arma de servicio para actividades ilícitas.
De acuerdo con la denuncia presentada por Eglintong Gabriel Mendoza Saavedra, los hechos habrían comenzado el 2 de junio de 2026, cuando Sajami Salas le solicitó mediante WhatsApp un préstamo de 30 soles. Ante la negativa, los pedidos habrían continuado de manera insistente hasta convertirse, según la versión del denunciante, en amenazas.
El episodio más grave se habría producido el 1 de noviembre, alrededor de las 5:33 de la tarde, cuando el investigado presuntamente envió mensajes intimidatorios, una fotografía de una pistola marca Glock con municiones y un audio en el que aseguraba conocer el domicilio de la víctima y la ubicación de sus hijos.
A raíz de la denuncia, personal policial ejecutó las intervenciones. Tedi Sajami Salas fue ubicado y detenido en el cruce de las calles Jerusalén e Iquitos, en el distrito de Punchana, mediante un trabajo coordinado entre agentes del DEPROVE y la División Regional de Inteligencia de Loreto. Por su parte, el suboficial Carrasco del Castillo fue intervenido en las instalaciones de la Comisaría de Punchana.
Las primeras indagaciones apuntarían a que el efectivo policial habría entregado o alquilado su arma de servicio al otro investigado, presuntamente para facilitar la comisión de los hechos denunciados. Esta hipótesis forma parte de las diligencias que deberán esclarecer las responsabilidades individuales.
Respecto a la investigación por facilitación ilegal de arma de fuego, el artículo 279-G del Código Penal contempla penas de entre 8 y 12 años de prisión. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que contar con autorización para portar un arma no libera de responsabilidad a quien la entrega a terceros para un posible uso ilícito.
Pese a la gravedad de las imputaciones, el Ministerio Público dispuso la libertad de ambos investigados, quienes continuarán afrontando el procedimiento en condición de citados y sujetos a las disposiciones y reglas de conducta que correspondan.
En el ámbito institucional, el suboficial Carrasco del Castillo también afronta un procedimiento administrativo disciplinario. Como parte de este proceso, se dispuso su separación temporal del servicio, mientras la Oficina Desconcentrada Disciplinaria de la Inspectoría Regional evalúa su situación.
Por ahora, la libertad dTe los investigados no significa que hayan sido exonerados de responsabilidad. Las investigaciones continúan y serán las autoridades competentes las que determinen si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales y administrativas. (C. Ampuero)
