- La instancia será liderada por la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y deberá presentar avances en setiembre.
En seguimiento a los acuerdos adoptados el pasado 21 de julio, el Ministerio Público – Distrito Fiscal de Loreto llevó a cabo la segunda reunión interinstitucional para abordar la creciente violencia urbana protagonizada por barras bravas conformadas, en su mayoría, por adolescentes. Las autoridades advirtieron que este fenómeno afecta la seguridad ciudadana, pone en riesgo la integridad de menores y altera el orden público.
Durante el encuentro, representantes de diversas entidades expusieron sus planes y acciones preventivas, reconociendo que, aunque se han realizado esfuerzos importantes, aún se requiere un trabajo más articulado y sostenido para obtener resultados efectivos. Entre las propuestas destacaron el incremento del patrullaje en zonas de riesgo, la coordinación con instituciones educativas y la implementación de programas de reinserción social para jóvenes en situación de riesgo.
Como principal acuerdo, se decidió la creación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional, liderada por la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Loreto. Esta instancia se encargará de coordinar estrategias y ejecutar acciones conjuntas para prevenir y enfrentar la violencia generada por las barras bravas, incluyendo campañas de sensibilización y operativos de control.
La nueva mesa de trabajo tendrá la responsabilidad de presentar un informe de avances a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto a más tardar el 5 de septiembre. Dicho informe evaluará la eficacia de las medidas implementadas y propondrá ajustes o nuevas acciones según los resultados obtenidos en las primeras semanas de funcionamiento.
Las autoridades coincidieron en que la violencia barrista en Iquitos no solo se traduce en enfrentamientos, sino también en delitos conexos como el uso de armas artesanales, daños a la propiedad y lesiones graves, hechos que generan temor en la ciudadanía. Por ello, resaltaron la necesidad de un trabajo sostenido que involucre tanto a la Policía Nacional como a las municipalidades y organizaciones de base.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de impulsar esta iniciativa y de mantener un seguimiento constante de las acciones acordadas, con el objetivo de reducir de forma progresiva los incidentes violentos y recuperar espacios públicos seguros para la población.
(K. Rodriguez)
