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Fiscal penal inicia investigación contra gobernador y consejeros regionales de Loreto

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  • Por el presunto delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y otros.


El fiscal Ulises Germán García Rivasplata, ha calificado la investigación como compleja por el plazo de 8 meses. Cabe recordar que la denuncia fue interpuesta hace unas semanas por profesionales de la salud del hospital de contingencia Iquitos.
Encabeza la lista para dar sus declaraciones ante la fiscalía penal, el gobernador Elisbán Ochoa. Lunes 12 de septiembre a las 2 de la tarde. Para ese mismo día a diferentes horas han citado a declarar a los denunciantes. Norma del Águila Rengifo. Martha Arévalo Panduro. Procurador del ministerio de salud. Hernán Linares Chu. Ciro Torrejón Flores. Consejero Alan Rodríguez Fasanando. Francisco López Robles.
Para el día martes 13 de septiembre a las 8 am al consejero José Valera Flores. Mamerto Maicua Pérez. Carlos Sandi Maynas. George López Torres. Jesús Jambo Tirado. José Trujillo Paira. Janeth Reátegui Rivadeneyra. Ofelia Chávez Bardales.
Bueno para el día miércoles 14 de septiembre han citado al consejero ya fallecido Luis Honorato Pita, por lo que podrán esperar todo el día y no llegará. Para el mismo día a las 9 am han citado al consejero Josué Iracude Calderón. Javier Villacorta Nacimento. Pedro Pacaya Tamani. César Urquía Ramírez. Carmen Gisela Panduro Valles.
En resumen todos ellos tendrán que responder a lo sustentado por los denunciantes en cuanto al convenio firmado por el gobierno regional de Loreto 2015 (época Fernando Meléndez) con el hospital militar Santa Rosa. La cláusula cuarta del convenio señalaba que el gobierno regional haría mejoras en las instalaciones del hospital militar, que se convertiría en el hospital de contingencia mientras dure la obra del nuevo hospital “César Garayar García”, garantizando así la continuidad de las atenciones.
Dicha cláusula ha sido dejada de lado totalmente, nadie ha cumplido pese a los graves informes de seguridad existentes y de defensa civil. Graves observaciones a la estructura del local, al cableado eléctrico expuesto a punto de colapsar. Sistema de desagües y aguas servidas, aguas pluviales colapsadas. Etc.
El informe señala que la seguridad en ese nosocomio está en emergencia con un nivel de riesgo muy alto por colapso e incendio, recomendando que se reubique a las personas que se atienden diariamente, a las hospitalizadas y trabajadores a fin de no poner en riesgo su vida.
El compromiso de refacción y mejoramiento solo correspondía al gobierno regional, no al MINSA puesto que está inmerso en el convenio entre el ejército y el gobierno regional. Al haberse generado una contaminación alta de TBC por hacinamiento, los trabajadores optaron por hacer la denuncia. Ahora depende del fiscal García Rivasplata, resolver dicha denuncia.

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