- Opinó el Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, actual presidente de la primera Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
“Hay que trabajar para que la Corte Superior de Justicia de Loreto, sea una Unidad Ejecutora y tenga independencia presupuestal, lo que permite manejar mejor los recursos y adicionalmente a ello, se tiene que incidir para incrementar los órganos jurisdiccionales que permitan a su vez, dar un mejor servicio a la población.
En este momento el número es insuficiente. En las capitales de provincias aún más. Por ejemplo, Requena no es solo la ciudad que está al lado del río Ucayali, es el que llega hasta la frontera con Brasil, donde no hay presencia del sistema de justicia”, expresa el magistrado superior.
Justamente donde está la etnia Matsés, Colonia Angamos…
-Y por donde es una ruta del narcotráfico desde la carretera Jenaro Herrera y el antiguo aeropuerto. Bien se sabe eso, por ello lo digo con claridad porque son temas que se han tratado en más de una oportunidad, pero no hay voluntad de hacer control. Maynas, limita con Ecuador ¿y qué presencia tenemos allá? El Putumayo peor, sabemos que hay grupos armados residuales de las Farc, mafias colombianas que tienen el control.
¿Y ahora una ciudadela de más de 200 extranjeros en el Alto Nanay?
-Sí me he enterado a través de informaciones publicadas, que ya tienen su pequeño pueblo de ciudadanos colombianos y la pregunta es ¿qué pasó con las autoridades peruanas? ¿Qué pasó con Migraciones, la misma fiscalía, la Marina de Guerra y la policía? No pasa nada.
¿Doctor, qué otros temas se tendrían que trabajar para fortalecer la administración de justicia?
-Trabajar para que haya mayor acceso a la justicia que beneficie a la población y para ello es necesario que haya más órganos jurisdiccionales cerca a la comunidad. A la fecha eso no ocurre. Siempre se argumenta que es falta de presupuesto, yo digo que es falta de voluntad política institucional para hacer que el sistema de justicia sea real.
Participando de manera activa con la población con campañas cívicas que se hacen y que las ha venido desarrollando el Dr. Aristóteles Álvarez, para llamar la atención de la necesidad del sistema de justicia. El problema es cuando se retiran y ya no hay personas que escuchen sus demandas, que les reciban sus denuncias.
Obviamente hay que mejorar la calidad del servicio, hay falta de recursos humanos. Hace falta hacer entender a la gente en general que estamos al servicio de la comunidad. Eso significa que nuestro trabajo tiene que ser de calidad y bien hecho.
Borrar las malas prácticas que lamentablemente existen y se repiten por años y que no se corrigen. Necesariamente se tiene que ver ello. Por otro lado, participar a nivel general para que no exista discriminación entre los servidores que están con el régimen 728 y los servidores CAS que ganan menos, porque el poder judicial también ha ingresado al sistema de explotación laboral. Tiene trabajadores que ganan una miseria a través del CAS.
¿Debe desaparecer ese sistema Cas?
-Debería. Quien trabaja tiene derecho a contar con una remuneración digna que le permita vivir adecuadamente. Un ser humano necesita vivir, educarse, tener la posibilidad de mantener a su familia y, sobre todo, de manera honrada. Este sistema Cas que tiene el Estado, es una forma de explotación salvaje que nace en el sector privado, pero que se contagia al público y la excusa es que no hay presupuesto.
Cuando estuve como presidente logramos que Loreto sea incorporado como una Unidad Ejecutora, pero finalmente una mano extraña en el Congreso sacó a las 6 Cortes de Justicia que iban a ser ejecutoras, esto ha pedido del MEF, supuestamente porque no tenían fondos. Personalmente pienso que no les importa, si les importara, la cosa sería distinta.
Los casos de presunta corrupción cometidos por muchos a veces parecen estancarse…
-El poder judicial no puede hacer nada si la fiscalía especializada no sustenta bien el caso. No es solo presentarlo, sino hacerlo bien. Si no lo sustentan bien, ese caso está destinado al fracaso.
Una muestra es el caso conocido como “mamalancha”. Primero lo denuncian como organización criminal y comercializador de drogas. Luego viene el fiscal Richter (Rengifo Ramírez), cambia el pedido, ya no por el antes mencionado, sino por microcomercialización de droga.
Y el fiscal Rister, haciendo ello se fue de Iquitos contento y sin dar explicaciones. ¿Qué hizo frente a ello el ministerio público? No reaccionó. Una mala práctica de la fiscalía especializada, hace que estas cosas ocurran.
