Extradición a Toledo

Una de las dudas de la ciudadanía en cuanto a la lucha contra la corrupción es sobre porqué algunos casos de investigación fiscal no avanza o en su efecto lo hacen demasiado lento, o también algunos procesos en el marco de la búsqueda de justicia se retardan.
Si bien en un altísimo porcentaje en el país apoyan y avalan el trabajo de reconocidos fiscales, eso no niega cuestionamientos al sistema de administración de justicia en general, respecto a casos como del expresidente de la República, Alejandro Toledo, quien tiene vigente una orden de detención preventiva.
Como se conoce, el expresidente Toledo es investigado por la justicia de nuestro país por haber recibido presuntas coimas de la empresa Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
Y en mayo de este año se cumplirá un año desde que se ha pedido que sea extraditado de Estados Unidos, país donde se evidenció se encuentra sin que hasta la fecha lo puedan traer al país para que someta al debido proceso de la justicia peruana.
Aunque parece que esta especie de burla a los intereses del Estado por parte de la exautoridad que no se digna a entregarse, cambiará en las próximas semanas o quizás unos meses con la ubicación y traslado al país del indicado exmandatario nacional.
Ha sucedido que a través de la Resolución Suprema N° 033-2019-JUS publicado en el diario oficial El Peruano, se dispone que el estudio de abogados Foley Hoag LLP de Estados Unidos, se encargue de ver la defensa de los intereses del Estado peruano y específicamente en el proceso de extradición de Toledo y otros.
Contratando los servicios de estos abogados extranjeros para que cautelen los intereses del Estado Peruano ante las autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos, incluso contando con la opinión favorable del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, hace pensar que estaría más cerca la extradición del expresidente Alejandro Toledo.
Se entiende que son estrategias para acelerar los procesos un poco dormidos. Aunque más bien se espera que hayan resultados en el tiempo prudencial para que fiscales y jueces puedan seguir ahondando las investigaciones del caso de corrupción develado más grande del Brasil, de nuestro país y de Sudamérica. Además que permita recuperar lo saqueado al Perú.