- Habría que resaltar la presencia del Dr. Duberlí Rodríguez, ahora como presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental.
El taller en el que participó el Dr. Duberlí Rodríguez, se denominó “Promoviendo desarrollo sostenible a través de herramientas jurídicas para la mejora de la Justicia Ambiental”, el mismo que se desarrolló en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
Entre los asistentes se observó la presencia de varios magistrados, entre ellos el presidente actual Dr. Javier Sologuren Anchante, así como los jueces Reynaldo Cajamarca y Manuel Humberto Guillermo, así como varios trabajadores de la institución judicial.
El taller contó con nutridas exposiciones a cargo de profesionales que conocen el difícil tema ambiental en la Amazonía. “Sistema nacional de gestión ambiental, autoridades y funciones”. “Instrumentos jurídicos ambientales: Acuerdo de Escazú”. “Acceso a la información ambiental: Observatorio de Justicia Ambiental”.
(Escazú, forma parte de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra, Río 1992). Busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales. Se traduce en el primer tratado de América Latina y el Caribe, en materia ambiental conocido como Acuerdo de Escazú).
Entre otros temas como: “Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”. “Servicio de información nacional y denuncias ambientales”. “Fiscalización forestal y fauna silvestre”. “Herramientas de información ambiental e interoperabilidad”.
“El Observatorio de Justicia Ambiental” tiene como finalidad proporcionar información relevante y sistematizada sobre el derecho el derecho al acceso a la justicia ambiental en Perú que permita fortalecer la labor y el seguimiento de las diversas instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil sobre ese derecho.
Busca ampliar las capacidades y responsabilidades para defender y promover derechos ambientales. Entre los actores relevantes para promover justicia ambiental consideramos a las entidades públicas, organizaciones civiles, comunidades locales, movimientos sociales, empresa privada y población nacional.
En cuanto a procesos penales, contenciosos administrativos y constitucionales, se pueden encontrar estadísticas nacionales desde el año 2016”, puntualizaron en el taller.
