Las primeras imágenes del grado de contaminación que venían ocultando las transnacionales petroleras, se empezaron a visualizar hace más de 22 años, pero, lamentablemente no se tomó muy en serio desde las autoridades del gobierno central de turno. No se investigó a profundidad o en el camino se “blindaron” los hechos, presumiéndose bajo condiciones de sobornos.
Este blindaje a la magnitud de los hechos contaminantes por derrame de petróleo, alcanzó a cierta dirigencia indígena a juzgar de las evidencias, puesto que denunciaban la contaminación y les compensaban con un monto equis, el mismo que no habría tenido una utilidad productiva para los pueblos, y cada cambio de dirigencia exigía una nueva compensación. Entonces se daba una especie de compra de silencios.
Esto no se puede tapar. Fue legal. Lo antiético fue el uso que pudo haber dado la dirigencia de esos tiempos. Estamos en la actualidad frente a una nueva generación de dirigentes que crecieron viendo cómo en varios casos de comunidades, ingresaban fuertes sumas de dinero y casi nada se hizo por el desarrollo comunal.
Lo que se tiene que deslindar, es la responsabilidad del Estado y la responsabilidad social de las empresas petroleras que habrían estado buscando ser solapadas por los propios dirigentes indígenas. Al parecer, estamos en estos tiempos, frente a un nuevo escenario y una dirigencia más preparada, con más conocimientos y con visión de futuro en beneficio de sus pueblos.
También debe quedar claro, que nadie en su sano juicio se podría oponer a una actividad como la petrolera que nos brindaba desde hace 40 años, ingentes cantidades de divisas para el país, multimillonarios ingresos para las arcas del Estado. Pero, que ha pasado de forma irresponsable de cómo se manejaron los derrames y, sobre todo, de cómo no se dio la remediación de lo contaminado.
Esto lo viene a confirmar oficialmente el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, cuando señala que “durante años Pluspetrol ha realizado supuestas remediaciones ambientales que, con la aprobación final del Estado, no hicieron sino encubrir la real dimensión del impacto petrolero en bosques y ríos”. A las pruebas nos remitimos y que una etapa de sinceramiento acompañe al diálogo en Saramurillo.
