Corte de Loreto impulsa acciones en conjunto contra la violencia de género en reunión regional

La Corte Superior de Justicia de Loreto, representada por la magistrada Nilda Vásquez Dávila, participó activamente en la última reunión de trabajo de la Instancia Regional de Concertación (IRC) de Loreto. Este espacio multisectorial busca consolidar alianzas estratégicas entre las principales instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para combatir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Durante la jornada, se evaluaron los avances de los planes locales y se coordinaron nuevas intervenciones preventivas para el presente año judicial.
En su intervención, la magistrada Vásquez Dávila reafirmó el compromiso del Poder Judicial de Loreto para garantizar un acceso a la justicia rápido, eficaz y con enfoque intercultural. La jueza destacó la necesidad de unificar los criterios de atención y agilizar el dictado de medidas de protección para las víctimas en las provincias más alejadas de la región. Asimismo, expuso los esfuerzos de la Corte para capacitar de forma continua al personal judicial en materia de género y derechos humanos.
La mesa de trabajo permitió recoger los aportes de diversos sectores como el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Loreto. Los integrantes de la IRC coincidieron en que la articulación interinstitucional es la única vía para cerrar las brechas de impunidad y ofrecer un soporte integral a las víctimas. Entre los acuerdos principales, se programaron campañas de sensibilización conjuntas y talleres de prevención dirigidos a las comunidades nativas y zonas rurales.
Con esta participación, la Corte Superior de Justicia de Loreto consolida su rol de liderazgo en las políticas de protección social dentro de la Amazonía peruana. La institución reafirma que la lucha contra la violencia de género no solo requiere sancionar a los agresores, sino también construir una cultura de respeto y prevención desde las aulas y los hogares. Las autoridades judiciales se comprometieron a realizar un seguimiento estricto a los compromisos asumidos para medir el impacto real de estas acciones en la comunidad.