- “Es un punto de alarma para todos los operadores de justicia”, dijo fiscal provincial
- “Todos los casos de violación sexual en agravio de menores tienen que tratarse como si fueran actos flagrantes”, indicó doctor Enrique Pinedo
Preocupa la situación de sobremanera. En menos de una semana en Iquitos, hubo cuatro casos de denuncias de abuso sexual a menores de edad en diversas formas como es violación sexual y actos contra el pudor. El Ministerio Público, en este caso la Séptima Fiscalía Penal de Maynas, logró que a los sujetos intervenidos les den prisión preventiva, pero esto va más allá ya que evidentemente hay un problema social en donde el principal afectado es el niño y el adolescente.
“Lo que llama poderosamente la atención es que todavía no podemos ubicar si esto ha obedecido a una fatal coincidencia que en la semana que estuvimos de turno se haya producido tantos hechos de agravio sexual en menor, o lejos de eso pueda ser una estadística que se está repitiendo y que debería ser un punto de alarma para todos los operadores de justicia que vemos este tipo de delitos.
Es muy preocupante porque en la mayoría de estos casos son personas que tienen vinculación familiar con los menores. La primera intervención que logramos tener fue de una niña de 05 años que fue agredida por actos contranatura por parte de su propio primo; el segundo hecho fue actos contra el pudor a una menor de 12 años por su profesor en el mismo colegio; el tercer caso fue violación a una menor de 11 años por parte de su padrastro; y el cuarto caso fue el vecino, es decir a una persona conocida, a una niña de 10 años”, señaló el doctor Enrique Pinedo, fiscal provincial de la Séptima Fiscalía Penal de Maynas.
Esto definitivamente es una alerta a los padres de familia, a los vecinos y a las autoridades que administran justicia, en este caso específico el Ministerio Público porque está comprobado que existen situaciones que se tienen que mejorar, como por ejemplo, los niveles de atención para las víctimas de agresión sexual a menores en cuanto a la Cámara Gesell, que debería obligar a redoblar esfuerzos a los profesionales encargados.
“No podemos caer en circunstancias de que a veces por falta de material humano o disponibilidad de tiempo, no podamos contar con estos soportes que necesitamos nosotros para poder abordar estas investigaciones. La sociedad nos reclama a las autoridades por qué no actuamos con prontitud, y no le podemos responder a la madre de una menor agraviada que no hay cita para Cámara Gesell y tenemos que esperar buen tiempo por el hecho de que no hubo flagrancia.
En lo particular, todos los casos de violación sexual en agravio de menores tienen que tratarse como si fueran actos flagrantes, así haya pasado en el tiempo, la agresión se ha cometido. Lo que debemos evitar es que ese agresor continúe en libertad en la sociedad generando mayores riesgos y hasta mayor peligro sobre la propia víctima.
Nosotros tenemos en caso de flagrancia, solo 24 horas para poder procesar toda la información que nos permita sustentar una prisión preventiva, aunque me gustaría que fuera más permeable en algunos casos. Podría darse así como en los casos de drogas, que tienen hasta 15 días para investigar. Que me dispensen los juristas, pero para mí no existe mayor delito que tenga mayor gravedad, que un delito de agravio sexual en contra de un menor. Es por eso que deberían dar más días para recabar todo.
Los operadores de justicia deberíamos asociar el tema como si fuera nuestro, si no hay espacio en una Cámara Gesell en horario diurno, podemos hacerlo en la madrugada porque la ley lo establece así. Así vamos a poder dar un mensaje no solo a las víctimas sino a los agresores porque potencialmente en este momento cuántos hechos impunes no se están denunciando. En la medida que ellos sepan que estamos atacando ese tema, tal vez las estadísticas de abuso sexual comience a reducir”, expresó Pinedo Meza.
Supuestamente, lo que se busca con la Cámara Gesell es la no revictimización de la víctima, pero contradictoriamente se le hace esperar dos o tres meses para la pericia psicológica mientras el violador se encuentra libre y en el entorno de la menor ultrajada.
“Por un lado no quieres revictimizar a la víctima y por otro lado le expones a la revictimización. Son cosas en la que todos estamos inmiscuidos y debemos de buscar las alternativas para la protección inmediata a los menores”, agregó el fiscal provincial. (GL)
