– Informes periciales hechos por la Contraloría General de la República, indica
– Existen indicios razonables de delito de peculado
Según el informe pericial hecho por la Contraloría General de la República al GOREL por el periodo 2007-2010, indica que funcionarios del Gobierno Regional de Loreto habrían hecho uso irregular de más de siete millones de soles provenientes del 12% del canon petrolero, recursos que deben ser destinados exclusivamente al otorgamiento de créditos promocionales en beneficio de productores agrarios, pecuarios y pesqueros de la zona, y a la ejecución de obras de infraestructura en su apoyo.
Toda la documentación pertinente ha sido enviada por la Contraloría al Ministerio Público, en donde se consignan los informes especiales de la gestión regional correspondiente del periodo 2007-2010, en donde existen evidencias de que las autoridades regionales habrían desconocido las normas vigentes para contratar y pagar a empresas privadas con recursos que no estaban destinados para ese fin. Por tal razón, los actos irregulares evidencian indicios razonables de la comisión de delito de peculado que está tipificado en el Código Penal.
Las irregularidades habrían acontecido durante los años 2007 y 2008. En el año 2007 el GOREL habría otorgado recursos del canon petrolero de forma indebida por medio de suscripción de un convenio para que una empresa privada se constituya en fideicomiso de créditos promocionales, servicio por el cual se le retribuyó un total de 372 mil 750 nuevos soles.
Es decir, la comisión auditora detectó que en la práctica no se requería contar con una empresa privada, toda vez que la unidad orgánica del GOREL, denominada FONDELOR –Fondo de Desarrollo Regional de Loreto, recibía, evaluaba, aprobaba, desembolsaba y supervisaba los créditos promocionales.
Otra de las irregularidades detectada está en la delegación de facultades, pues en el año 2008, el uso irregular del fondo se habría producido a través de un contrato de operatividad de servicios crediticios, por el cual el GOREL delegó la facultad o función de representación de la presidencia regional a una empresa privada para suscribir contratos, por lo que se le pagó dos millones 48 mil 57 nuevos soles del fondo constituido por el 12% del canon petrolero, contraviniendo nuevamente su uso exclusivo.
