– Con 81 votos a favor y ninguno en contra, ni abstenciones.
– Otorgaron facultades jurisdiccionales tras denuncias de presuntas irregularidades en la obra PTAR, adquisición de maquinarias y otros.
– La tarea sería encargada a la nueva Comisión que asumiría sus funciones a mediados de agosto.
El Congreso de la República acordó por unanimidad, ayer por la tarde, otorgar facultades jurisdiccionales a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para investigar las denuncias de presuntas irregularidades que se habrían cometido en la administración de gobierno regional de Loreto.
La decisión fue tomada con el voto a favor de 81 congresistas, sin votos en contra ni abstenciones, así fue sancionada la moción de orden del día original presentada por el grupo parlamentario AP-FA y sustentada por el congresista Leonardo Inga Vásquez (AP-FA) quien afirmó que existía «una serie de indicios razonables» de presunta comisión de irregularidades en el gobierno regional de Loreto.
Según precisó, las irregularidades se habrían cometido en la ejecución de las obras de saneamiento y una planta de tratamiento de aguas servidas, cuyo presupuesto inicial de 400 millones de nuevos soles había sido incrementado a más de 800 millones, a los que se sumaría la adquisición de maquinarias, en cuatro oportunidades, a empresas «de fachada», perjudicando así la economía de la zona.
Previamente, el Pleno desestimó la propuesta presentada por el congresista José Díaz Dios (FP) para que en las investigaciones con apremios jurisdiccionales se incluyera a los gobiernos regionales de Huánuco, Lima-Provincias, Callao, Huancavelica, Ucayali, Ayacucho, Arequipa, Piura y Cajamarca.
En contra de la propuesta se pronunciaron 33 congresistas, en tanto que 26 la respaldaron y 28 se abstuvieron. La propuesta fue cuestionada por Javier Bedoya (PPC-APP), quien consideró un «imposible» que la Comisión de Fiscalización pudiese «investigar a medio Perú» en el plazo otorgado, lo que podría incrementar el descrédito del Parlamento.
La observación fue respaldada por el titular de la comisión fiscalizadora, Vicente Zeballos Salinas (SN), quien consideró «impracticable» la propuesta, teniendo en cuenta que él estaba «de salida» al frente de su grupo de trabajo al cargo, y la tarea sería encargada a la nueva Comisión que asumiría sus funciones a mediados de agosto.
Previamente, la moción original –que proponía investigar solamente al gobierno regional de Loreto- fue admitida a debate por unanimidad. La moción dio origen al debate en el que participaron también los congresistas Juan Díaz Dios, Elard Melgar, Segundo Tapia y Esther Saavedra (FP); Santiago Gastañadui, Rogelio Canches y Justiniano Apaza (NGP); Javier Velásquez (CP), Yonhy Lescano (AP-FA), Gustavo Rondón y Martín Belaunde (SN), entre otros. (CR/D.López)
