Por: Paula Alessandra Zumaeta Davila – Asociada Legal del Estudio Eguren Abogados.
Desde los primeros ciclos de la carrera de Derecho, nos indican que aprenderemos un “nuevo idioma” (refiriéndose al lenguaje jurídico) y que, al pasar el tiempo, inconscientemente lo estaremos aplicando en nuestro día a día. Eso suena muy interesante y atractivo al principio, sin embargo, en su aplicación a la realidad, resulta afectar en cierto grado la eficacia de las normas, tomando en cuenta que las mismas regulan toda relación que implica convivir en una sociedad, su difusión en un lenguaje complejo dificulta la comprensión de estas por parte de los ciudadanos. La complejidad del lenguaje jurídico no solo afecta a aquellos que no hayan seguido estudios de Derecho, sino a la misma comunidad jurídica, quienes con el pasar de los años tendemos a mantener aquel estatus de complejidad, muchas veces, sin fundamento alguno, imposibilitados de vislumbrar el estudio y ejercicio de nuestra carrera de una manera más simple y eficaz a la que estamos acostumbrados.
El esfuerzo por simplificar y modernizar el lenguaje jurídico tiene muchas iniciativas alrededor del mundo, la mayoría de estas desde el Derecho Administrativo y que van tomando espacio en la amplitud del universo jurídico. Dicha tendencia viene aplicándose en países de habla inglesa y europeos, pudiendo mencionar lo suscitado en España con el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia de España (2011), en donde las lecciones indican que el Estado de Derecho se ve mucho más fortalecido debido a los esfuerzos de simplificación del lenguaje jurídico. Es destacable también los manuales de estilo generados en administraciones públicas y fundaciones como la Fundación NovaGob en el año 2016, con la finalidad de que los documentos cumplan con el principio de simplificación del lenguaje, y dando los siguientes parámetros: 1) Adapta el lenguaje administrativo al perfil de ciudadano al que va dirigido; 2) Sustituye párrafos largos por frases claras, cortas y concisas; 3) Evita los arcaísmos, muletillas y frases hechas; 4) Evita el abuso del estilo nominal; 5) Evita la solemnidad del tratamiento a partir de ciertos cargos; 6) Sustituye la ambigüedad de los escritos administrativos por precisión; 7) Siempre que sea posible, personaliza; 8) Evita el tono imperativo, a menos que sea necesario, y suaviza las formas; 9) Utiliza palabras y locuciones sencillas que puedan ser comprendidas por todos.
En los países de nuestra región, de acuerdo al estudio realizado en el artículo “Una Propuesta de Lenguaje Jurídico Claro para la Argentina”1 existen esfuerzos por simplificar el lenguaje jurídico con proyectos de simplificación de resoluciones judiciales, concursos de sentencias en lenguaje claro o la inclusión de la materia de Redacción Jurídica en algunas universidades (Chile), programas de lenguaje ciudadano (Uruguay, México y Colombia), y también los ya mencionados manuales o guías para la Administración Pública (México, Perú y Colombia).
Si bien es cierto, los términos jurídicos contribuyen en cierto grado a mantener la coherencia de nuestro sistema jurídico. Los costos de su innecesario uso en el sector público y privado son mucho más perceptibles al momento en el que los ciudadanos no pueden realizar el debido seguimiento de las normas que rigen su día a día, y para los operadores de justicia que inconscientemente mantenemos un enfoque innecesariamente complejo para resolver los conflictos. Con ello no se pretende afectar el rigor con el que se fundamentan las decisiones que imparten justicia, por lo contrario, se pretende contribuir con la eficacia de estas.
Como lo podemos evidenciar, entendiendo los intereses y necesidades del ciudadano, usuario o cliente, es posible ofrecer mejores servicios jurídicos. Es ello lo que propone la simplificación del lenguaje jurídico, y en una medida más amplia el campo del “Legal Design”, cuyas propuestas son aplicadas en nuestro estudio, y serán desarrolladas en próximas oportunidades.
1 Arenillas, Carlos, y otros: “Una Propuesta de Lenguaje Jurídico Claro para la Argentina”. Disponible en: UNA PROPUESTA DE LENGUAJE JURÍDICO CLARO PARA LA ARGENTINA (pensamientocivil.com.ar)
