– Sancionarán a directores que pese a saber de la norma la infringen
De un total de 436 colegios públicos inspeccionados en todo el país, 30% persisten en el cobro indebido durante el proceso de matrícula, así lo dio a conocer la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Susana Silva, ante la supervisión que realizaron en el marco de matrículas 2010.
La funcionaria detalló que en el 14 por ciento de las instituciones visitadas se constató la exigencia del pago de la cuota a la Asociación de Padres de Familia (APAFA) como una condición previa a la matrícula. Asimismo, en el 24 por ciento de los planteles se verificó que estaban cobrando por el concepto de gastos administrativos, mientras que en el 31 por ciento se debía cancelar, previamente a la matrícula, el monto referido a útiles y materiales educativos.
En ese sentido, Susana Silva sostuvo que, de acuerdo con las normas, al personal directivo, jerárquico y docente de las Instituciones Educativas Públicas (IEP) se les ha prohibido expresamente que exija a los padres o alumnos la adquisición de textos escolares, material didáctico, útiles, uniformes, buzos escolares, entre otros, como condición previa a la matrícula o permanencia del alumno.
Asimismo, indicó que en el 53 por ciento de los colegios visitados no se cumplió con publicar el cronograma, ni los requisitos para la matrícula. Además, se verificó que el 69 por ciento carecía de información visible sobre el número de vacantes.
En otro momento, Silva Hasembank, manifestó que en el 30 por ciento de las instituciones visitadas se está exigiendo indebidamente la ratificación de la matrícula, pese a que los lineamientos establecen que la continuidad del estudiante en la misma o en otra IEP, así como su progresión en los grados de estudios, son automáticas y, en consecuencia, no requiere ratificación alguna.
Finalmente, la funcionaria agregó que, debido a esta situación, la Defensoría del Pueblo, a través de sus diferentes oficinas, está recomendando a las instancias descentralizadas del Sector Educación fiscalizar y sancionar, de ser el caso, a aquellos directores que, pese a conocer la norma que prohíbe el condicionamiento de las matrículas, continúan realizando estas prácticas indebidas. (MI)
