El paro regional de 72 horas en Loreto llegó a su fin, pero sería un error interpretar el levantamiento de la medida de fuerza como el cierre del conflicto. Las calles pueden recuperar su ritmo habitual, pero los problemas que llevaron a miles de ciudadanos a respaldar las demandas sociales continúan allí: el costo de los combustibles y del balón de gas, las deficiencias del servicio eléctrico, la contaminación de las fuentes de agua y una larga lista de compromisos que esperan respuestas del Gobierno nacional.
En este escenario, el llamado de la Defensoría del Pueblo a instalar una mesa de diálogo adquiere especial importancia. No se trata simplemente de convocar a una reunión protocolar para escuchar nuevamente los reclamos de Loreto. Lo que corresponde ahora es establecer un espacio formal, con participación de las organizaciones representativas, autoridades regionales y nacionales, donde cada demanda tenga una respuesta concreta, un responsable y, sobre todo, un plazo verificable de cumplimiento.
La propia Defensoría ha advertido situaciones que ayudan a comprender el malestar existente. Solo entre el 1 y el 6 de septiembre se registraron aproximadamente 54 horas sin servicio eléctrico producto de 35 interrupciones. A ello se suma el elevado precio del balón de gas, señalado entre 80 y 85 soles, además de la preocupación permanente por la contaminación de las fuentes de agua. Son problemas que afectan directamente la economía y la calidad de vida de las familias loretanas y que no pueden ser tratados como asuntos secundarios.
Pero también debe quedar claro que la protesta social tiene límites que deben ser respetados. La Defensoría informó de 15 personas detenidas durante las jornadas, entre ellas cuatro menores de edad, además de una persona herida. El derecho a reclamar y movilizarse debe ser protegido, pero también deben preservarse la integridad de las personas, la propiedad y los derechos de quienes no participan de la paralización. Particular atención merece la situación de los menores intervenidos, cuyo tratamiento debe ajustarse estrictamente a las normas de protección correspondientes.
Ahora el Ejecutivo tiene la palabra. Loreto no necesita fotografías de reuniones anteriores ni anuncios generales que después se diluyan con el paso de los días. Necesita compromisos públicos y verificables. Si existen medidas para atender los problemas de electricidad, combustibles, gas, contaminación y desarrollo regional, deben ser explicadas directamente a la población y acompañadas de una hoja de ruta con fechas concretas.
El tercer día de paro no debería ser el final de la discusión, sino el comienzo de una etapa distinta: la del cumplimiento. El Gobierno nacional debe entender que el cansancio ciudadano no desaparece porque termine una protesta. Loreto está pidiendo ser escuchado, pero, sobre todo, está exigiendo respuestas. La mesa de diálogo debe instalarse sin más dilaciones y convertirse en el espacio donde los reclamos se transformen en acuerdos, los acuerdos en compromisos y los compromisos en resultados.
