– Señala abogado Jorge Tacuri, debido a que hasta la fecha no envían dictamen al poder judicial para juicio de 21 comuneros indígenas
– Se entrevistará con presidente de la II Sala Penal para que haga respetar el debido proceso y pedir que el Ministerio Público se pronuncie.
Como es de conocimiento público, el pasado 20 de marzo de 2008 varias comunidades del Datem del Marañón asentadas por los ríos Tigre y Pastaza, tomaron las instalaciones de la empresa petrolera, lo que les valió detención y encarcelamiento a varios comuneros. Posteriormente vino el juzgamiento para 21 comuneros del río Pastaza, que gracias a una Resolución de la II Sala Penal que creó precedente a nivel nacional, fueron absueltos. Fallo que hace poco fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, para el grupo de 21 comuneros de la zona del río Tigre, la justicia viene tardándose demasiado. Y esto porque desde el Ministerio Público aún no se pronuncian sobre el fondo del asunto. Sobre el tema habló el abogado Jorge Tacuri, quien lleva el caso de los comuneros asentados por la cuenca del río Tigre.
«Estamos muy preocupados y lamentamos las decisiones que toma el Ministerio Público. Si tomamos el razonamiento último del dictamen, vemos que ellos tienen un profundo desconocimiento de las normas procesales, derechos y garantías para el proceso. Han transcurrido más de tres años y ahora salen a decir mediante una resolución firmada por el Fiscal Decano, que el expediente tiene que devolverse al Juzgado y a la Fiscalía Provincial de Nauta para que se precisen los hechos, para que se individualicen, eso es desconocer las garantías y los alcances de la norma procesal.
El Ministerio Público ha tenido que pronunciarse ya sobre el fondo y no lo quiere hacer. ¿O es que no tiene las pruebas? Si fuera es así la Ley señala cómo debe resolver. Nosotros vamos a solicitar a la II Sala Penal que preside el Magistrado Carlos Del Piélago, que haga respetar el debido proceso y que devuelvan el expediente para que el Ministerio Público se pronuncie sobre el fondo.
La resolución está firmada por el Fiscal Decano y se supone que él debe tener mayor conocimiento jurídico del asunto. El pedir que se devuelva el expediente es una manera de dilatar para no encarar el problema de fondo y también -reitero- demuestra un desconocimiento profundo de las normas procesales», acusó el abogado Jorge Tacuri.
