- El decreto firmado por José Jerí (presidente transitorio) permite la llegada de inversores particulares a la petrolera, elimina restricciones legales históricas, incluye una partida millonaria para recortes de personal y ha generado rechazo entre agrupaciones de trabajadores y sectores políticos.
La asignación de 240 millones de soles, equivalentes a 60,8 millones de euros, dirigida a cubrir la indemnización por recorte de personal dentro del proceso de reestructuración de Petroperú, figura entre los puntos centrales de la medida tomada por el Gobierno de Perú al privatizar parcialmente la petrolera estatal.
El Decreto de Urgencia Número 010-2025, que autoriza el ingreso de capital privado en bloques patrimoniales de la empresa, fue promulgado por el presidente peruano interino José Jerí en una decisión adoptada pocas horas antes de finalizar el año, de acuerdo con información publicada por el medio que dio a conocer la noticia.
Según detalló la fuente, el decreto permite la privatización de activos clave, como la Nueva Refinería de Talara, considerada estratégica para el sector energético nacional. En línea con lo dispuesto en el documento, la entidad estatal ProInversión asume la responsabilidad sobre el diseño, liderazgo y ejecución completa del proceso de incorporación de Petroperú dentro del marco del Decreto Legislativo Número 674. Este marco regula el impulso de la inversión privada en compañías del Estado.
De acuerdo con la información consignada, el nuevo decreto deroga el artículo 1 de la Ley Número 28244, que hasta la fecha exceptuaba a Petroperú de ciertas formas de promoción de la inversión privada. Al eliminarse este texto, se disuelve uno de los principales frenos legales que, histórica y jurídicamente, bloqueaban la privatización de la empresa.
El anuncio de la medida ha provocado reacciones inmediatas de agrupaciones laborales. El colectivo sindical de Petroperú ha manifestado su rechazo al decreto, indicando que la medida implica el “descuartizamiento” de la empresa estatal. En un comunicado reproducido por la fuente, las representaciones laborales señalaron: “Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú”. El grupo añadió que Petroperú “no es una empresa quebrada. Es una empresa golpeada por malas decisiones, interferencias políticas y una campaña mediática orquestada para justificar su desmantelamiento. La Refinería de Talara es una infraestructura moderna y estratégica que el país no puede darse el lujo de perder ni entregar a intereses ajenos al interés nacional”.
En contraste, el Gobierno de José Jerí argumentó que el propósito del decreto consiste en asegurar la provisión regular de combustibles, enfocado especialmente en las regiones Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En esas zonas, Petroperú ostenta una posición dominante superior al 85% del mercado de hidrocarburos, tal como reportó la fuente citada.
El contexto político en el que se inscribe la decisión incluye la posición de Jerí como presidente encargado hasta julio de 2026, fecha prevista para las próximas elecciones presidenciales. El actual mandatario asumió la conducción del ejecutivo tras la gestión de Dina Boluarte, presidenta desde diciembre de 2022. Boluarte tomó posesión luego del intento de autogolpe del presidente electo Pedro Castillo, quien posteriormente fue encarcelado. Según lo publicado por la fuente, tanto Jerí como Boluarte se encuentran bajo diversas investigaciones judiciales.
La reorganización administrativa de Petroperú, además de habilitar la entrada de inversionistas privados y permitir la privatización de ciertos activos, implica una significativa reestructuración interna. La disposición de recursos para el despido de personal apunta a una reducción de plantilla que se inserta dentro de los parámetros de la transformación que ProInversión desarrollará administrativa y financieramente, guiada por el citado Decreto Legislativo Número 674.
El documento legal fue implementado con premura, apenas dos horas antes del inicio de 2026. El texto del decreto, según consignó la fuente, establece nuevas condiciones normativas destinadas a “garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento”. Entre las motivaciones oficiales, figura la preservación de suministros energéticos en áreas donde la presencia de Petroperú tiene fuerte peso y donde se considera crítico mantener niveles suficientes de abastecimiento.
Mientras tanto, varios sectores políticos y sindicales sostienen que la liberalización, junto con la reducción de personal y la apertura al capital privado, puede desplazar el control estatal sobre recursos energéticos estratégicos. Las voces críticas argumentan que estos cambios responden a una intención de fragmentar el patrimonio de la petrolera y redirigirlo a intereses particulares, en detrimento del interés público.
La derogación de barreras legales históricas, sumada a la inclusión de partidas económicas específicas para indemnizaciones y la entrega de facultades a ProInversión, configura un cambio normativo de largo alcance para la petrolera estatal, según publicó el medio citado. Por su parte, las autoridades sostienen que la reforma busca crear condiciones para la estabilidad energética y la continuidad de los servicios en el sector. (Infobae).
