-Las más de 2500 comunidades indígenas y ribereñas de Loreto, tradicionalmente excluidas del acceso legal al bosque, pueden con el manejo forestal mejorar substancialmente su economía y contribuir a abastecer a la languideciente industria forestal. Aquí la promisoria experiencia de cinco comunidades del Nanay.
José Álvarez Alonso
Los habilitadores madereros, esos que viven a costa de los pobres ribereños e indígenas y de sus bosques, están preocupados, y con razón. En el Nanay ya son cinco las comunidades que están manejando su madera con permiso forestal, y obteniendo ganancias que nunca habían soñado por la venta legal y formal de su madera directamente a los exportadores: la ‘formalidad’ fue siempre patrimonio de poderosas empresas, con grandes capitales y grandes ganancias. El Proyecto Apoyo al PROCREL subvencionó inicialmente sus permisos forestales, que están entre los primeros que ha otorgado al flamante Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PRMRFFS) del Gobierno Regional de Loreto.
Esto no sólo es buena noticia para las comunidades, sino para los industriales forestales. Como se sabe, el año 2009 las exportaciones de madera de Loreto cayeron estrepitosamente (de 30 US$ millones el 2008 a 7 millones el 2009), debido a varias causas a decir de los expertos, incluyendo la caída de la demanda por la crisis económica mundial, y la mayor exigencia del Estado en verificar el origen legal de la madera. Para nadie es un secreto que la mayor parte de la madera exportada de Loreto era de origen ilegal (según el Grupo Regional de Manejo de Bosques, hasta un 97%), y que los Planes Operativos Anuales (los famosos POAs) se basaban en inventarios forestales falsos (los no menos famosos «inventorios»). Con la firma del TLC con Estados Unidos, uno de los principales destinos finales para la madera peruana, el Perú se comprometió a extremar los controles para garantizar el origen legal de la madera; también se ha modificado el Código Penal, y desde enero del 2009 califican como delito ecológico, penado con cárcel, la tala ilegal y otras actividades relacionadas (transporte, transformación, comercialización de madera de origen ilegal). Muchos exportadores de madera no esconden su tremendo recelo a la hora de aceptar remesas de madera de origen dudoso, porque podría implicar años de cárcel; de ahí su interés en negociar con comunidades que cuentan con permisos basados en inventarios reales, y que extraen su madera de sus áreas señaladas de manejo.
Las comunidades titulares de estos permisos son las comunidades nativas de Atalaya y San Antonio (37 beneficiarios), la comunidad campesina Tres Unidos (21 beneficiarios), todas en el Pintuyacu), y la Comunidad Nativa San Juan de Ungurahual (42 beneficiarios) y la comunidad campesina Diamante Azul (99 beneficiarios), ambas en el alto Nanay.
Largo camino con buenos resultados
La obtención de los permisos no fue fácil, y tomó más de dos años en total. Los POAs de estas comunidades del Nanay se basan en inventarios forestales muy rigurosos, verificados por la autoridad forestal, y la extracción es supervisada por personal del PROCREL-GOREL, por lo que los exportadores pueden estar seguros de recibir una madera de origen legal. Justamente por esta dificultad en obtener los permisos forestales muchas comunidades suelen caer en manos de los habilitadores, que les roban por todo concepto: en el volumen de madera, en el precio de la misma y en el precio de los productos o artículos entregados como adelanto…
La primera comunidad en vender su madera legalmente fue la de Atalaya (indígenas Iquito), que negoció directamente con al empresa Amazon Resort un precio por su madera superior en un 20% a los precios de mercado. En una primera remesa vendieron cerca de 14,529 pies tablares (entre maderas duras y suaves), lo que generó un ingreso «limpio» de más de S/. 10,000. Una cantidad así puede no parecer gran cosa para un poblador urbano, pero significa mucho para una comunidad indígena acostumbrada a sufrir las estafas, retrasos, y descuentos de habilitadores mañosos; hay que considerar que los ingresos mensuales promedio en estas comunidades rondan los 100-150 soles mensuales por familia.
Los comuneros de Atalaya han negociado la venta de su madera directamente con los exportadores, y están consiguiendo financiamiento para una embarcación para transportar su madera a Iquitos. Actualmente están negociando la venta de madera dura aserrada a otros clientes, incluyendo tres exportadores y una compañía petrolera, con lo que diversificarán su cartera de clientes.
Ésta y otras comunidades indígenas del Nanay están negociando precios por su madera que nunca habían soñado: hasta 1.25 S/. por pie tablar para maderas duras, cuando anteriormente lo más que conseguían era 0.3 a 0.6 soles, y 0.5 S/. pt para cumala, por la que antes apenas recibían 0.2 S/. en el mejor de los casos. Las comunidades indígenas Iquito de Atalaya y San Antonio, por su parte, ya tienen compromisos de compra de tres empresas para un buen volumen de cumala y maderas duras (especialmente shihuahuaco, azúcar huayo y estoraque). La comunidad de Tres Unidos del Chambira, Anexo Buena Vista, ha concretado un contrato con una empresa por 4,000 pt de azúcar huayo y palisangre, y está negociando otros dos pedidos de maderas duras, a 1.60 S/ pt.
Cabe resaltar que en estas comunidades también hay muchas artesanas que ya están obteniendo ingresos significativos por la exportación a Estados Unidos de sus artesanías de chambira, asociadas con la empresa «Mi Esperanza», del ACRC Tamshiyacu – Tahuayo. Hace unos días esta empresa comunal recibió en su cuenta el pago por el embarque correspondiente al trabajo de dos meses: más de 15,000 dólares. Nunca mujeres indígenas loretanas habían obtenido ingresos a esta escala, por su trabajo y con una empresa manejada totalmente por ellas mismas.
Para un próximo futuro, el PROCREL (Programa del GOREL que funciona con apoyo del Consorcio IIAP-NCI) está planificando apoyar a las comunidades en la agregación de valor in situ a su madera, lo que incrementaría exponencialmente su rentabilidad. Se está proyectando una línea de artesanías con maderas duras que sin duda traerá grandes ingresos a las comunidades, porque ya tienen pedidos de Estados Unidos. Cada vez se abren más mercados que valoran los productos certificados y provenientes de comunidades amazónicas comprometidas con la conservación y el manejo sostenible del bosque.
Las cinco comunidades citadas se localizan en la zona de amortiguamiento del área de conservación regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira (en trámite ante el MINAM), y han recibido apoyo para el manejo forestal justamente por su contribución a la conservación de esta área, al igual que las comunidades del río Tahuayo-Quebrada Blanco, y la cercana quebrada Yanayacu. El Nanay sufrió por décadas la mayor presión de madereros, cazadores, pescadores y hasta mineros ilegales (de oro), lo que estaba amenazando no sólo la economía de las comunidades, sino la provisión de agua de Iquitos, por la deforestación y degradación creciente de sus bosques. Hace unos diez años que las comunidades comenzaron a organizarse para defender sus recursos, con apoyo inicialmente del Proyecto Nanay, luego del Proyecto BIODAMAZ, administrados por el IIAP, y en los últimos años ha sido el Proyecto Apoyo al PROCREL, ejecutado por el consorcio GOREL-IIAP-NCI.
El futuro de Loreto está en el manejo forestal comunitario
En Loreto hay más de 2500 comunidades, entre indígenas (unas 500) y ribereñas o mestizas. Menos de una veintena suelen obtener un permiso forestal cada año, y las que lo consiguen, suele ser con el apoyo de algún «habilitador» maderero, o de una ONG. La mayoría de las comunidades que han hecho tratos con madereros para sacar su permiso forestal terminan con problemas, bien sea porque quedan endeudadas, o porque talan más de lo acordado, o porque los dejan endeudados ante la SUNAT por el pago de los derechos de aprovechamiento e impuestos, y con denuncias porque el maderero lava con el permiso madera de otro origen. Esto, por ejemplo, les ocurrió hace unos años a Tres Unidos y a San Juan de Ungurahual
El aprovechamiento forestal comunitario puede muy bien ayudar al sector forestal a superar la crisis actual, a la par que mejora las condiciones de vida de las poblaciones rurales, hoy crecientemente empobrecidas. Si bien los territorios cercanos a las comunidades no suelen ya tener las maderas rojas de mayor demanda en el pasado reciente, sí son ricos en maderas duras, muy sub-explotadas y con una demanda creciente, especialmente en los mercados asiáticos. La nueva ley forestal ‘en incubación’ está considerando medidas para facilitar el acceso al bosque de las comunidades indígenas y ribereñas, incluyendo términos de referencia para planes de manejo adecuados a su realidad, uso de motosierra para aserrado longitudinal de cuartones de maderas duras (lo que minimizaría el impacto que actualmente tienen los tractores forestales al extraer las maderas que no flotan), y otras medidas.
Es probable que en un próximo futuro el escenario forestal en Loreto cambie radicalmente, y sean los indígenas y los ribereños los nuevos empresarios que lideren el aprovechamiento y transformación primaria de madera, aprovechada con manejo en sus propios territorios titulados. En el Gobierno Regional de Loreto se está impulsando (¡por fin!) un programa de créditos a comunidades para aprovechamiento y transformación primaria de madera, inicialmente orientado al Nanay. Con seguridad estos créditos tendrán mejores resultados que algunos créditos agrarios otorgados en suelos de altura, agronómicamente pobres y no apropiados para cultivos en limpio.
De momento, la Comunidad de Atalaya se ha permitido el lujo de devolver el crédito otorgado por el PROCREL con la venta de su primera remesa de madera. ¡Qué diferencia con la famosa «habilitación»! Frecuentes han sido los casos de habilitados que demoraron años en pagar su mísera deuda; sé de uno que murió sin pagarla, luego de años de entregar madera a su habilitador…
Esperemos que los candidatos a la Presidencia del Gobierno Regional de Loreto, además de cemento y asfalto, y proyectos agropecuarios sin adecuada base técnica, incluyan entre sus propuestas de desarrollo el apoyo al manejo forestal comunitario, una alternativa viable y muy ventajosa para la población rural, y económica, social y ambientalmente sostenible, a diferencia de los tantos y tantos proyectos fracasados que todos conocemos. El bosque amazónico es más valioso en pie que talado, y además de ganar con la madera y otros recursos manejados, es posible que en un futuro próximo las comunidades puedan también obtener ingresos por la venta de servicios ambientales (especialmente captura de carbono y provisión de agua).
