- Opinó la abogada Karina Garay, vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal- OMI.
“Tenemos que partir por diferenciar la minería formal, informal e ilegal. La informal es aquella que está dentro de un proceso de formalización minera. Y está dentro del procedimiento hasta llegar al último paso para luego convertirse en formal.
No se trata solo que el minero informal sea responsable de su procedimiento, también es el Estado. El Estado genera muchas veces procesos burocráticos, entonces ese minero obviamente se aburre y dice: “si a un minero ilegal, que realiza actividades prohibidas sin ninguna autorización no le pasa nada, por qué yo tengo que pagar y someterme a un proceso burocrático para hacer lo mismo”.
Por un lado, la política de lucha contra la minería ilegal va en fortalecer el proceso de formalización minera, que esos mineros cumplan con todos los requisitos para realizar una actividad minera adecuada. Y, por otro lado, la lucha contra aquellos que sí realizan la actividad ilícita en lugares prohibidos sin ninguna autorización contaminando y, además, traen consigo actividades del crimen organizado y eso hay que evitar” precisó la abogada.
Luego de la negación de la concesión a Raíces Gadaffy que pedía explotar en la cuenca del Nanay, ahora siguen existiendo pedidos de concesiones ¿no se marca un precedente?
-Ese es el problema. No está prohibido, hay lugares específicos para concesiones. Todo el Perú está concesionado, si ven el Mapa verán muchos cuadriculados de las concesiones. ¿Pero qué dice la Ley?
Hay lugares donde tú no podrás realizar minería, como es en los cuerpos de agua, ni en las áreas naturales protegidas. Entonces yo puedo solicitar una concesión en cualquier lugar, pero no hacer minería en esos espacios.
Pero qué ocurre con muchos mineros o como la concesión que pedía Raíces Gadaffy, su concesión implicaba una parte del río. Ellos decían, solo voy a extraer de la parte de tierra, no del agua para no afectar el río, pero ya había un riesgo.
Porque sabemos que esa extracción iba a contaminar directa o indirectamente esa fuente de agua para Iquitos. Eso ocurre a nivel nacional. Entonces tiene que haber un ordenamiento de concesiones. No se debe poner en riesgo ningún cuerpo de agua o áreas naturales protegidas. En eso deben trabajar los legisladores para poner en orden esta actividad.
