“El Estado continúa trasgrediendo sus obligaciones al imponer el DL 1333”

  • Jamner Manihuari, presidente de Aidesep, indica que dispositivo omite el proceso de Consulta Previa

A pesar de los esfuerzos constantes de los pueblos indígenas por hacer valer su derecho a ser consultados frente a una medida legislativa o administrativa que los afecta, «El Estado continúa trasgrediendo sus obligaciones establecidas en el convenio 169 de la OIT al imponer el Decreto Legislativo 1333, el cual ha omitido el proceso de Consulta Previa, a pesar de que representa una grave amenaza para los derechos territoriales de las comunidades indígenas afectadas por el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) promulgado por el Poder Ejecutivo», indica Jammer Manihuari, presidente encargado de la Aidesep.
«Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha reconocido la necesidad de modificar la norma, este proceso no se ha llevado a cabo según lo establece la Ley del Derecho a la Consulta Previa; sino que se ha apelado, a última hora y de forma improvisada, a la solicitud de reuniones con las organizaciones indígenas, sin tener la posibilidad de consultar con las bases regionales ni entablar un diálogo consensuado previo a la aprobación de este decreto por el Poder Ejecutivo, que le permita a los pueblos y sus organizaciones evaluar la iniciativa desde el inicio, según lo establece dicha ley».
Explica que, los intentos de aprobar este decreto por parte del MEF trasgreden los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Para que se apruebe un decreto legislativo, este debe ante todo, respetar las normas de orden público, los derechos fundamentales y garantías establecidos en la legislación vigente, lo cual no se ha dado. Por estos motivos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) demanda la derogación del Decreto Legislativo 1333.
«AIDESEP seguirá trabajando porque sea respetado el derecho de los pueblos a la Consulta Previa, principio que viene siendo constantemente vulnerado por el Estado en todas sus instancias». (MIPR)