El haber anulado el contrato a una empresa contratista por el incumplimiento de la ejecución de una obra tan importante como es la «Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Requena», sitúa a la municipalidad de esa provincia como un referente de cómo las autoridades ediles deben actuar en salvaguarda de los intereses del pueblo, cuando se preocupan por ofrecer a la colectividad los servicios que los vecinos tienen derecho a disfrutar.
Es una muestra de preocupación por velar por el dinero público que debe ser bien invertido y mejor supervisado para que quienes están encargados de la ejecución de una obra cumplan con las especificaciones técnicas y utilizar los materiales ofrecidos a fin de garantizar una buena calidad.
Por otra parte, cuando se ejecuta una obra, el malestar del vecindario es evidente cuando se interrumpe el tránsito por montículos de tierra y zanjas que se abren y nunca se cierran.
Que la corporación edil de Requena haya tomado tan extrema medida, es para abrir los ojos a alcaldes y regidores que en uso de sus facultades deberían supervisar la ejecución de sus obras, que se cumplan los plazos establecidos y se de buen uso al financiamiento.
Y, en caso de incumplimiento, como en el caso de Requena, tomar inmediatamente las acciones legales a fin de salvar responsabilidades.
En todo Loreto hay obras inconclusas, otras que se caen a pedazos por lo mal hechas y otras que nunca se iniciaron, a pesar de que los contratistas recibieron los adelantos correspondientes, lo que no es nuevo ni secreto porque deben existir muchos involucrados en estas majaderías. La ley no debe ser letra muerta. El dinero público clama justicia.
