- Minería ilegal, narcotráfico y trata de personas se consolidan como tres de las principales amenazas para la región, favorecidas por la extensión territorial, la limitada presencia del Estado y la condición fronteriza de Loreto.
Loreto enfrenta una creciente presión por el avance de las economías ilegales, principalmente la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas, actividades que aprovechan la extensa geografía regional, las dificultades de conectividad y el limitado control en las zonas fronterizas para expandir sus operaciones.
Cinthia Sánchez, vocera de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), explicó que estas actividades movilizan importantes cantidades de dinero, pero sus recursos no contribuyen directamente al financiamiento de los servicios públicos y, por el contrario, generan elevados costos que terminan siendo asumidos por el Estado y la población.
En el caso de la minería ilegal, señaló que su expansión representa una amenaza para diferentes cuencas amazónicas, entre ellas las de los ríos Nanay, Chambira, Yaguas y Tigre. Uno de los principales impactos está relacionado con la contaminación por mercurio, que puede afectar especialmente a poblaciones que dependen directamente de los ríos para su alimentación y abastecimiento de agua.
El narcotráfico constituye otro de los principales desafíos. Según las cifras expuestas durante la entrevista, Loreto tendría alrededor de 11 mil hectáreas destinadas al cultivo de coca, con una importante concentración en zonas próximas a las fronteras con Colombia y Brasil, condición geográfica que facilita el establecimiento de rutas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
A esta situación se suma la trata de personas, que afecta principalmente a poblaciones vulnerables, entre ellas mujeres, niñas y adolescentes. Sánchez advirtió que el crecimiento de estas economías también incrementa otros problemas, como la inseguridad, el lavado de activos y la expansión de redes criminales.
Las consecuencias también alcanzan a las actividades económicas formales. La pérdida de bosques, la contaminación de los ríos y el deterioro de la biodiversidad pueden perjudicar sectores con potencial para generar empleo e ingresos sostenibles, como el turismo, la producción agrícola y otros emprendimientos vinculados al aprovechamiento responsable de los recursos amazónicos.
Frente a este escenario, Sánchez señaló que existen experiencias internacionales que demuestran que es posible reducir significativamente las economías ilegales mediante estrategias integrales. Entre las principales medidas mencionó el control de las rutas utilizadas para transportar combustible y otros insumos, la vigilancia territorial y satelital, los operativos permanentes y el seguimiento de los movimientos financieros relacionados con el lavado de activos.
Sin embargo, sostuvo que las acciones represivas deben estar acompañadas de oportunidades económicas legales para las poblaciones ubicadas en los territorios donde operan estas actividades. El acceso a financiamiento, mercados, capacitación y asistencia técnica puede permitir el desarrollo de alternativas productivas sostenibles, como ocurre con experiencias relacionadas con el cultivo de cacao en zonas fronterizas.
Finalmente, Sánchez consideró que enfrentar las economías ilegales requiere una mayor presencia del Estado y políticas públicas que permitan fortalecer las actividades formales. Advirtió que mientras la economía legal no ofrezca oportunidades suficientes de empleo y desarrollo, las organizaciones criminales continuarán encontrando espacios para captar personas y expandir sus operaciones en diferentes zonas de Loreto. (K. Rodriguez)
