– Por abandono de cargo y abuso de autoridad
– Además, se abrió proceso administrativo a más de 200 docentes
La Dirección Regional de Educación de Loreto, a través de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos – CPPA, sancionó a 125 docentes de la Región Loreto, desde inicios de enero hasta el 09 de julio del presente año, siendo la principal falta administrativa, el abandono de cargo que cometen en sus instituciones educativas, especialmente en la zona rural. 
Otras faltas por las que la DREL sancionó a más de un centenar de maestros es debido al abuso de autoridad que comenten con los docentes bajo su cargo, incumplimiento en sus deberes funcionales, negligencia en el desempeño de sus funciones, actos de inmoralidad, irregularidad en la rendición de cuenta por gastos de mantenimiento, entre otros.
Debido a las faltas cometidas por estos maestros, la Comisión de Procesos decidió imponer sanciones administrativas que van desde uno, cuatro, seis y 16 meses de separación temporal de su institución educativa sin goce de haber, hasta la separación definitiva del ejercicio de la profesión.
Por otro lado, en lo que va del año se abrió proceso administrativo a 211 maestros y maestras por las mismas faltas como abandono de cargo, abuso de autoridad, incumplimiento en sus deberes, negligencia en el desempeño de sus funciones y actos de inmoralidad. Dichos procesos se desarrollan con la mayor transparencia que requiere el caso, a fin de velar por la educación de los miles de escolares de la región Loreto.
Precisamente, la relación de estos ciudadanos que fueron sancionados por cometer faltas administrativas será publicada, desde hoy, en la página web de la Dirección Regional de Educación de Loreto www.drel.gob.pe y actualizada mensualmente, con la finalidad de evidenciar a aquellos que hacen mal uso del título de maestro.
Asimismo, en los próximos días la Dirección Regional lanzará una línea gratuita para que las autoridades, padres y madres de familia, así como la población en general, reporten a los maestros que no asisten a sus instituciones educativas. Esto permitirá que la comisión de procesos accione de acuerdo a ley.
