Defensor del Pueblo de Loreto resalta accionar de las Ugeles de la Drel
Diego Reátegui, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, resaltó que las Unidades de Gestión Educativa Local de Ramón Castilla y Maynas, hubieran tomado la determinación de sancionar al personal de instituciones educativas que incumplió sus labores en desmedro del servicio educativo.
“Si bien es cierto, existen profesores que desarrollan debida y honorablemente la labor de enseñar y transmitir conocimiento, lamentablemente existe personal de las instituciones educativas que no reparan en lo indispensable de su rol para garantizar el derecho a la educación. En ese sentido, hemos advertido a la Directora Regional de Educación de Loreto la imperiosa necesidad de erradicar la impunidad para con el personal que incumple sus funciones”, dijo Reátegui Rengifo.
Precisó que en el caso de la IEPSM Elzeario Mac Donald, la Unidad de Gestión Educativa Local de Ramón Castilla, ante las continuas inasistencias injustificadas e incumplimiento de labores por parte de personal de servicio nombrado, impuso sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por 7 meses así como el recupero de las remuneraciones indebidamente cobradas por el servidor sancionado por los meses de enero, febrero y marzo del presente, dado que no realizó la contraprestación por trabajo realizado.
Asi mismo en el caso de la IEP Nº 60038 San Antonio de Gallito, la Unidad de Gestión Educativa Local de Maynas impuso sanción de cese temporal sin goce de remuneraciones por 10 meses a docente nombrada por falta grave, abandono del cargo injustificadamente, así como por las reiteradas inasistencias injustificadas a su centro de trabajo entre los meses de marzo a julio, habiendo sido inhabilitado para ejercer la función docente de manera temporal por el mismo periodo de tiempo, y se dispuso acciones para el recupero de las remuneraciones pagadas indebidamente.
Finalmente, alentó a los padres de familia a denunciar al personal docente o administrativo que incumpliera con sus actividades.
“La impunidad no favorece a que prácticas contrarias a garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes estudiantes se erradiquen de nuestras instituciones educativas. El sector debe fiscalizar y supervisar inopinadamente a las instituciones educativas de cada una de sus jurisdicciones, para garantizar no solo la presencia y permanencia del personal docente y administrativo en las instituciones educativas, sino también para verificar el avance en el cumplimiento de metas de aprendizaje. En ese sentido, los padres que conozcan de docentes y/o administrativos que incumplan sus funciones, deben denunciarlos para que el sector intervenga y los sancione, de no ocurrir ello, pueden recurrir en queja ante la Defensoría del Pueblo. La impunidad favorece que este problema siga afectando a nuestra educación”, finalizó diciendo el saliente Defensor del Pueblo. (Gonzalo López)
