DISFUNCIONARIOS

Por: José Álvarez Alonso

La palabra ‘disfuncional’ la escuchamos normalmente referida a algunas familias con serios problemas y a algunos órganos del cuerpo que funcionan mal. Propongo aquí y ahora un neologismo para un tipo de ser humano, que si bien existe en todas las sociedades, prolifera en nuestra realidad: el «disfuncionario». ¿Cómo lo definimos? Según el diccionario de la RAE, disfunción es un «desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde». Bueno, cada uno puede añadirle los adjetivos calificativos, peyorativos y disyuntivos que quiera, pero voy a dar algunas pistas: son ‘funcionarios disfuncionales’, o disfuncionarios aquellos personajillos atornillados a un puesto público, que se pasan la vida ‘mauleando’, disimulando que trabajan, pero en realidad hacen muy poco o nada. Muchos de éstos se dicen servidores públicos, pero lo que son en realidad es ‘vividores públicos’, porque cobran por algo que no hacen.

Coincidirán conmigo en que de estos hay a patadas en el sector público, desde universidad y gobierno regional hasta municipios, pasando por direcciones regionales y otras instituciones públicas. Gentes que se pasan güeveando la mayor parte del día, las ocho sagradas horas por las que se les paga un sueldo del magro erario público, fruto de los impuestos de todos los peruanos. Algunos actúan así porque ya son nombrados, y se sienten seguros en sus puestos, y otros porque han sido contratados por ser amigos del disfuncionario jefe a cargo, o por ser del partido en el poder. Lo cierto es que, a decir de algunos que han tenido que navegar en las procelosas aguas de la administración pública, hay oficinas con 10 ó 15 personas en las que trabajan una o dos, mientras los otros se la pasan mauleando: conversando, navegando por internet, chateando, arreglando sus uñas, revisando catálogos de productos de belleza, o leyendo el periódico.

¿Por qué no abunda esta subespecie en el sector privado? Pues aunque también existen, en cuanto el jefe o el dueño de la empresa los detecta, patitas en la calle. Ahí el dueño cuida su plata y no paga a alguien que no rinde por su trabajo. No ocurre lo mismo cuando se trata de plata del Estado, de todos los peruanos, la que muchos se creen con derecho a robar (cobrar sin trabajar es robar, por si acaso). «¿Acaso tú les pagas?», dicen algunos desaprensivos cuando alguien se atreve a cuestionar a alguno de estos parásitos.

Gran parte de la culpa de esta sobrepoblación de disfuncionarios la tienen los políticos de turno, que para pagar favores electorales (clientelismo político al cubo) repueblan las oficinas públicas de gente afín, de colaboradores en la campaña, ayayeros y mediocres que, aparte de no estar con frecuencia calificados para las tareas que supuestamente deberían desempeñar, no suelen tener gran cosa que hacer. Claro que ellos ayudan con entusiasmo en la tarea de no hacer nada: cuando tienen una responsabilidad o una tarea, la estiran, la alargan ad infinitum. Sé de casos de disfuncionarios que para una simple firma, retuvieron papeles de algún trámite, innecesariamente, por semanas, e incluso meses, cuando los podrían «evacuar» en unas pocas horas. Seguro que todos los lectores conocen casos así. ¿Por qué hacen tal cosa, por qué fregar gratuitamente al sufrido ciudadano? Quizás por sentirse alguien, por ejercer algo de poder desde su mísero e inmerecido puesto. El lector quizás conozca otras razones…

Hay otro tipo de disfuncionarios a tiempo parcial: realizan bien ciertas funciones, pero esquivan hábilmente las más molestas o potencialmente conflictivas. Son los que tienen que cumplir funciones de control de actos ilegales, y se la pasan piola en sus escritorios o disimulando que hacen algo, sin enfrentar decidida y efectivamente el problema. Como clásicos podemos citar el caso del caos urbano: la Policía y a los altos jefes municipales, que debería intervenir con energía y aplicar el peso de la ley a los delincuentes al volante que asolan las calles de Iquitos y otras capitales de provincia, circulando a toda velocidad, violando normas de tránsito, manipulando los tubos de escape para meter más ruido, atracando y violando en las noches… Y simplemente miran para otro lado, o hacen una batida a la semana como para decir que hacen algo, lo que no tiene efecto disuasorio alguno.

También están los disfuncionarios responsables de la gestión del recurso pesquero, cada vez más escaso y caro para dolor de las amas de casa, que se limitan a emborronar papeles en sus escritorios mientras año tras año se sigue destruyendo el vital recurso con el uso impune de tóxicos, explosivos y redes de pesca menuderas; ídem para los disfuncionarios que permiten la ilegal venta en la ciudad, a la luz pública, de recursos de fauna silvestre de uso exclusivo para las comunidades rurales, lo que está agotando un recurso tan vital para la alimentación de indígenas y ribereños; también están los alcaldes que se limitan a hacer obritas, por amor a las coimisiones, olvidando que parte importantísima de su labor es gestionar la ciudad, esto es, cuidar de la seguridad y tranquilidad de la gente, y promover el desarrollo económico. La estrategia general es «pasar piola», hacer lo menos posible aparentando que hacen algo.

Hace un tiempo, una persona muy bien informada me comentó que un alto funcionario público de nuestra región dedicaba algo así como el 95% de su tiempo «a robar» (es decir, a gestionar corruptamente comisiones y favores en licitaciones, contratos, concesiones, adquisiciones y demás acciones coimisionables), y solamente el 5% restante a gobernar, que era para lo que lo habían nombrado y por lo que se le pagaba. ¿Es de extrañar que esté la región como está?

Muchos se han quejado del crecimiento desorbitarte de la empleocracia en municipios (especialmente la MPM, pero también en otros) y en el Gobierno Regional. Hace apenas 12 ó 14 años cumplían funciones bastante similares con un tercio del personal de hoy día. Cada alcalde o presidente que entra quiere meter a su gente, si es posible, nombrándola. Consecuencia: el personal se amontona en oficinas superpobladas, donde se estorban unos con otros, e inventan trámites y tareas inimaginables para justificar estos puestos, en realidad innecesarios.  Según los expertos en ‘burrocracia’ pública, los nombrados suelen ser los más «disfuncionales», porque se sienten seguros en sus puestos, y sacarlos implica tal cantidad de trámites y posibles juicios que casi nadie lo intenta. Conocidos son los fallos judiciales obligando a la readmisión de personal despedido en el GOREL y en la MPM. Los fallos judiciales no evaluaron, sin embargo, el rendimiento de esos empleados en su trabajo, sino la legalidad del proceso de despido.

No hay una solución mágica para este creciente problema. Lamentablemente, en Loreto ha surgido una cultura de ‘derechos inalienables’ no correspondida con una cultura de los ‘deberes inexcusables’. Todo el mundo se cree con derecho a tener un empleo en el Estado. Sin embargo, el Estado no puede gastar en puestos innecesarios recursos tan desesperadamente necesitados en otros rubros. Porque muchos de esos puestos de trabajo ocupados por disfuncionarios son falsos. Esa gente debería estar en trabajos más productivos: haciendo chacra, en una fábrica, transformando productos de la biodiversidad, o en cualquier otra cosa.

A ver qué candidato municipal o regional se atreve a ofrecer algo tan beneficioso para la Región: reducir el gasto de personal e invertir el presupuesto sobrante en mejorar los servicios públicos, en obras de infraestructura, y en promover la inversión privada para crear reales y productivos puestos de trabajo.