- Sobre inversión pública en infraestructura educativa
Buscando que la comunidad educativa conozca sobre los procesos de inversión pública en infraestructura educativa, directores de colegios, profesores y padres de familia serán capacitados por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Además les invocan a la comprensión de los plazos requeridos en los procedimientos a seguir, de acuerdo a ley, en aquellos proyectos educativos con saldos de obra.
Entre el año 2011 a mayo de 2016, el sector educación invirtió S/ 11 mil millones en activos no financieros (incluye obras educativas), mantenimiento de los locales escolares y transferencias a gobiernos regionales y locales para ejecutar obras educativas, priorizando las zonas rurales. Del monto total, se estima que menos del 2% representan los proyectos con saldos de obra.
Los saldos de obra son el resultado de los contratos resueltos por el incumplimiento de las constructoras a cargo de la ejecución. La resolución de contratos genera el retraso de los plazos de ejecución de las obras educativas, por lo que el Pronied ha venido atendiendo a las consultas de la comunidad educativa sobre estas situaciones imprevistas.
Cabe anotar que para retomar las obras con contratos resueltos por contratistas que no cumplen sus obligaciones, se deben alinear a los procedimientos presupuestales así como a los procesos establecidos en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado/OSCE.
La entidad también expresa las disculpas a la comunidad educativa por las molestias ocasionadas por estos proyectos inconclusos, y a su vez reitera que su equipo sigue trabajando para que se cumplan los nuevos plazos que serán establecidos para la ejecución de las obras, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, precisa que todas las obras que se encuentren en esta situación tienen asegurado el presupuesto para la continuidad de los proyectos. Asimismo, todos estos proyectos de inversión pública en infraestructura educativa están sometidos al escrutinio de la Contraloría General de la República y se aplican las sanciones correspondientes ante cualquier incumplimiento de las partes en los contratos de las obras educativas. (MIPR)
