- “Le estamos dando un mensaje a todas las personas que se dedican a este acto ilícito, van a ser privadas de su libertad si es que realizan este tipo de actividades”, enfatizó Yusen Caraza, fiscal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema).
El Poder Judicial declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses contra implicado en delito de minería ilegal agravada y dictó comparecencia restringida con reglas de conducta para un segundo imputado. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Iquitos habría solicitado dichas medidas luego de que fueran detenidos en flagrante delito al ser encontrados en posesión de una embarcación acondicionada como draga en la cuenca del Nanay.
Esta historia inició con una intervención el pasado domingo 17 de noviembre, liderada por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto y efectuada por el equipo de la comisaría de Santa María, en Alto Nanay. En la mencionada intervención se encontró a Percy Marín – acusado del delito de minería ilegal con una orden de 9 meses de prisión preventiva –al interior de la embarcación empleada para extraer el oro mediante el uso de mercurio, y a Ivan Alvan Del Aguila – quien deberá cumplir comparecencia restringida – bañándose a 3 metros de la draga.
Actualidad Ambiental conversó con Yusen Caraza, fiscal de la Fema de Iquitos, quien solicitó la prisión preventiva otorgada por el Juez Jose Chumbe en una audiencia realizada el miércoles 20 del mes en curso.
Tener detenidos tras una intervención y obtener la prisión preventiva para uno de ellos ¿Qué significa esto en la lucha contra la minería ilegal?
Para nosotros (Fema) es un logro importante tener esta prisión preventiva, un logro para esta fiscalía y para la Amazonía, ya que le estamos dando un mensaje a todas las personas que se dedican a este acto ilícito, que van a ser privados de su libertad si es que realizan este tipo de actividades ilegales. Entonces, es una alerta para las personas que se dedican a esta actividad ilegal, pero no solo para quienes operan las dragas sino también para sus financistas y todos los que coadyuvan para que se desarrolle la minería ilegal.
La prisión preventiva de 9 meses dictada contra uno de los acusados les da a ustedes dicho tiempo para presentar al juez todos los elementos necesarios para que este pueda emitir una condena ¿Cómo van a proceder para que esto se convierta en una sentencia?
La solicitud de estos 9 meses ante el juez es para que esta persona afronte el proceso en un penal y no rehúya, y para que el Ministerio Público tenga las garantías para poder hacer todas las diligencias. Tenemos planificado una serie de diligencias, entre estas la más importante es la pericia que ya se hizo con la oficina de criminalística, la cual ha consistido en la toma de muestras a fin de poder esclarecer si es que en la faja en la que se han encontrado las dragas habían rastros de minerales metálicos.
Tratándose de un caso en el que hay flagrancia de por medio ¿Consideran que tendremos pronto una sentencia sobre este caso o habrá que esperar más tiempo?
Como ministerio público tenemos la enorme responsabilidad de acelerar las diligencias, llegar a un juzgamiento y luego a una sentencia. En estos casos, en que se encuentran personas recluidas en el penal, hay un trato distinto, nuestras diligencias tienen que ser más efectivas y con una acción distinta pues necesitamos tener una instalación de juicio oral y posterior a ello una condena. Lo peor que puede pasar es que tengamos que liberarlo por un exceso de prisión preventiva, entonces tenemos que trabajar en torno a esos plazos.
Anteriormente habían realizado otras intervenciones, incluso operativos en los que también participó el ministerio público, pero el factor común era que no se lograba detener a ningún sospechoso ¿A qué considera que se debía esto?
En la Amazonía peruana es bastante común el desarrollo de minería ilegal empleando dragas – también llamadas pequedragas – entonces cuando se hacen los operativos lo que suele ocurrir es que las personas que estaban operando estas dragas huyen a la selva complicando que podamos realizar alguna detención. Por ello, es muy complicado tener detenidos en el caso de minería ilegal con dragas porque las personas huyen ante la presencia de la policía o la fiscalía.
En los últimos meses hemos visto condenas en contra de quienes han cometido delitos ambientales, y ha resaltado el trabajo del ministerio público, a través de la Fema ¿Cuál considera que es la situación de la justicia ambiental en Loreto?
Cuando asumimos este reto de ser fiscales especializados en materia ambiental teníamos muy claras las metas que pensábamos cumplir. Ahora, a puertas de finalizar el 2019 estamos muy satisfechos de los logros de este despacho (Fema Iquitos) por cuanto tenemos sentencias de casos emblemáticos, sentencias condenatorias de primera instancia con pena privativa de la libertad efectiva y cerrando este mes tenemos una prisión preventiva fundada.
Angela Rodriguez /
Actualidad Ambiental
