Deuda social docente

Transfieren S/ 200 millones a gobiernos regionales para pago de deuda social a 20 mil docentes, cuya transferencia también beneficia a cesantes, jubilados y personal administrativo. El monto permitirá amortizar o cancelar deudas por un máximo de S/ 30,000. Una buena noticia para los y las profesoras que circula desde el viernes 25 de setiembre 2020.
En Iquitos la lucha por la deuda social viene desde más de una década, que es el tiempo en el que empezó a hacerse más visible con manifestaciones de protesta hasta paros, enfrentamientos duros con la policía y con funcionarios de turno en la conducción de la Dirección Regional de Educación de Loreto.
Por fin, a nivel nacional un total de 20,567 docentes, cesantes, jubilados y personal administrativo del sector Educación son los beneficiarios de los 200 millones de soles transferidos a los gobiernos regionales para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por el concepto de preparación de clases y evaluación, entre otros.
El pago de la deuda social se concretó mediante el Decreto Supremo N° 279-2020-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, donde se autoriza la transferencia de los recursos a los gobiernos regionales para efectuar los pagos de acuerdo al listado priorizado elaborado por los comités permanentes de cada pliego regional y aprobado por la Comisión Multisectorial Evaluadora, conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto Supremo Nº 002-2020-MINEDU, tiene prioridad el pago de las deudas con requerimiento a favor de acreedores con enfermedades en fase terminal hasta por la suma de S/ 30,000 y de acreedores con enfermedades en fase avanzada hasta por la suma de S/ 15,000.
Asimismo, les siguen en orden de prioridad el pago de las deudas con requerimiento a favor de acreedores mayores de 65 años hasta por la suma de S/ 10,000 y de acreedores menores o iguales a 65 años hasta por la suma de S/ 5,000.
Entonces fue una larga lucha, pero lo que le ha dado el peso para que se haga realidad son los procesos judiciales que se han seguido y cuyas sentencias han ido en favor de los docentes. Si bien, en años anteriores también se hicieron transferencias no han sido suficientes para que se cancelen las deudas. Miles de profesores y profesoras beneficiadas sienten que se les ha hecho justicia. Ojalá todo los derechos fueran reconocidos por el Estado, sin muchas veces la necesidad de extensos y costosos procesos judiciales.