Desborde de criminalidad: Declaran Estado de Emergencia en provincias de Loreto

En pleno centro de Iquitos, frente a una Fiscalía, un empresario fue abatido en un tiroteo; familias huyen de Soplín Vargas, zona fronteriza, a fin de evitar la captación de las guerrillas y el narcotráfico; 17 presuntos implicados en organización criminal y tráfico ilícito de drogas recluidos para su investigación tras mega operativo que precisó intervención de la Policía de Lima; son sólo algunos de los múltiples hechos reportados en menos de un mes en Loreto. La criminalidad rebasó a este departamento.
A partir del 18 de julio, dos Decretos Supremos dispusieron que, en el departamento de Loreto, se mantenga el Estado de Emergencia en las provincias de Putumayo, Mariscal Ramón Castilla, y Maynas (distrito de Alto Nanay) por 60 días.
El accionar delictivo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito y delitos conexos constituyen las graves circunstancias que han motivado la continuidad de esta declaratoria.
Incluso esta semana, el mismo alcalde del distrito de Vargas Soplín (provincia del Putumayo) alertó ante la Sub prefectura de Maynas sobre la crisis en esta zona fronteriza. Su vida y la de su familia peligran severamente.
Los alarmantes hechos referidos al comienzo de esta nota confirman indudablemente el repunte de la criminalidad, la misma que se ha acelerado en el último mes en el departamento más extenso del Perú, donde el Estado difícilmente puede descentralizar su intervención.
En paralelo, esta región avanzó a la posición 3 de un máximo 4 niveles de alerta por inseguridad ciudadana; mientras que, en las localidades del estado de emergencia alcanza el top 4; problemática que fue increíblemente comunicada al cierre de junio por el Departamento de Estado de los EE.UU.
Además, este país pidió expresamente a sus ciudadanos no viajar a Loreto, enfatizando la existencia de mayor riesgo en las zonas de la frontera con Colombia y Ecuador; lo que, además, ha sido ampliamente difundido por respetadas agencias internacionales de noticias, como es el portal EFE.
Un duro golpe a la economía de Loreto por la consiguiente reducción del turismo que se generará. Ante tal contexto, la lucha contra la criminalidad precisa una política pública que el Estado debe liderar, toda vez que este flagelo es consecuencia de problemas más profundos, entre ellos, “un caldo de cultivo que se llama pobreza, falta de trabajo, falta de educación, de alimentación, de proyectos nacionales de desarrollo para captar a tanta juventud que sale y que también debe tener derecho al trabajo de manera efectiva”, tal y como lo refiere el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
No obstante, pese a que el derecho procesal constituye la última instancia para erradicar estos flagelos que afectan la seguridad ciudadana es preciso fortalecer el sistema de justicia, lo que incluye a instituciones como el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, y Defensa Pública.
Así lo sustenta el doctor Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, y este mensaje también lo hizo extensivo en el Congreso Internacional de Criminalidad, realizado el pasado mes, cuya participación como ponente le permitieron igualmente exponer con debido fundamento que, lamentablemente, ante el nivel de criminalidad alcanzado en el departamento de Loreto, es menester que el Estado revalúe la prioridad de los departamentos para la implementación de las Unidades de Flagrancia.
“Loreto ha alcanzado el mismo nivel de criminalidad que el departamento de La Libertad, y en este último se inauguró recientemente una Unidad de Flagrancia. Por ello, es oportuno que se revalúe la prioridad de concretar esta misma implementación en nuestra región”, indicó el titular de la Corte de Loreto.
Asimismo, recordó: “En el citado Congreso, el Presidente de la República se comprometió a dar el financiamiento para que en todas las Cortes de Justicia del Perú se implemente una Unidad de Flagrancia. Para nosotros es una iniciativa demasiado necesaria, ya que estamos viviendo esta criminalidad a un nivel alarmante, tanto que, en estas últimas semanas hasta las magistradas y sus familias han sido amenazadas, principalmente, porque toman decisiones respecto a procesos delicados”.
La Corte Superior de Justicia de Loreto no es ajena a la crisis de seguridad que vive la población de esta región; por ello, no sólo desde un rol sancionador, sino preventivo, hace visible la necesidad presupuestal para fortalecer la labor del Poder Judicial, al igual que el de las demás instituciones del sistema de justicia, lo que permitará hacer frente, desde el ámbito de competencia de cada entidad, a los problemas que vulneran los derechos humanos y a la sociedad en su conjunto. CSJ Loreto