Visibilizar los delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y sensibilizar a la población sobre las devastadoras consecuencias que genera en nuestros jóvenes, es, sin duda, un reto que debe afrontar el Estado con premura. Miles de jóvenes en nuestro país son explotados sexualmente cada día, muchos de ellos ven en la explotación el modo de vida que les permite conseguir alimento, ropa o acceso a nuevas tecnologías. Crecen en un entorno que legitima la demanda en la prestación de servicios sexuales con jóvenes a cambio de dinero o útiles, por lo que en muchas ocasiones constituye un medio natural más que posibilita aumentar su calidad de vida.
Parte de esto es el aporte que brinda Capital Humano Social y Alternativo/CHS, a través de su reporte alternativo, indican que, efectivamente, crecer en un medio que naturaliza la explotación sexual, les obliga a pensar que acceden a ésta libre y voluntariamente. Esta supuesta voluntariedad, es uno de los múltiples rasgos que permite distinguir un caso de explotación sexual respecto a una situación de trata de personas: en ésta, se dan toda clase de medios coercitivos que someten a la víctima a una situación de explotación, por cuanto la persona que ha logrado escapar de ella se siente victimada. Por el contrario, conversando con un o una joven que está en situación de explotación sexual, difícilmente podrá identificarse como parte agraviada, puesto que muchos/as se inician en estos mundos atraídos por otros compañeros/as. Pese a lo expuesto, queremos dejar claro que no todos los supuestos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, se recrean en esta situación de aparente consciencia, por cuanto muchos casos se presentan bajo supuestos forzados.
Sin embargo, la realidad se impone cuando se atiende a estos y estas jóvenes: un elevado número de ellos presenta infecciones de transmisión sexual o VIH- Sida, o bien se encuentran en período de gestación como consecuencia de la exposición sexual sufrida, y que evidencia una ausencia del Estado Peruano en lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos.
Este derecho ha sido reconocido y suscrito en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD) en 1994 y compromete al Estado a garantizar el cuidado de la salud sexual y reproductiva como derecho de las personas, el mismo que reconoce la decisión de tener o no hijos, tener embarazos y partos saludables, y no contraer enfermedades de transmisión sexual, entre otros.
A nivel nacional se manejan cifras para afirmar que es necesario que el Estado actúe en beneficio de los jóvenes, tomando distintas medidas que impliquen el acceso a una información, educación, asesoramiento y atención sexual integral, más aún cuando de víctimas de explotación sexual hablamos.
Así, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática/INEI, al año 2012, trece de cada 100 jóvenes de entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas por primera vez, cifra que se mantiene casi sin variación desde hace 11 años; y 10 de cada 100 eran madres. Son cifras sin duda elevadas, teniendo en cuenta que los jóvenes de esas edades representan el 27,2 % de la población total, unos 8 millones 283 mil 188 jóvenes.
Si la proyección al año 2021 realizada por el INEI es la correcta, serán 8 millones 512 mil 764 jóvenes quienes necesitarán que el Estado les garantice el disfrute de este derecho, poniendo especial atención en grupos vulnerables tales como niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos caen en situaciones de explotación porque proceden de situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión.
En cuanto a la prevalencia de ITS, datos de la misma fuente, revelan que el 13,7 por ciento de mujeres declaró tener una ITS: el mayor porcentaje fue declarado por mujeres de 15 a 19 y de 15 a 24 años de edad (18,0 y 16,4 por ciento, respectivamente).
Frente a la ausencia del número de víctimas de explotación sexual que han sido contagiadas o embarazadas como consecuencia de la explotación sufrida, este breve alcance de cifras demuestra que es necesario instar al Estado para que adopte en su agenda presupuestal partidas para emprender medidas integrales que contemplen el acceso a una educación, acceso a información y planificación familiar, atención sanitaria, etc. es decir, impulsar la estrategia que contempla el derecho a la salud sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes, con especial protección a aquellos y aquellas que hayan pasado por una situación de explotación sexual, más aún, teniendo en cuenta que a la fecha no existe siquiera un sistema de protección y atención adecuadas para paliar las magnitudes de las consecuencias de la explotación sexual sufrida por los y las jóvenes en el país. (MIPR)
