La Constitución Política del Perú establece las libertades de expresar la opinión, la postura frente a algún evento como la coyuntura política que atravesamos desde el inicio de la presente semana y desde el martes específicamente que se concretó la presencia de un nuevo presidente de la República, que se encargará hasta culminar este tramo que pasa por las Elecciones Generales y el cambio de mando.
Así los peruanos y peruanas ejerciendo nuestro derecho consagrado en la ley de leyes del país vienen participando de manifestaciones en las avenidas y calles de Lima, de Iquitos y de otras ciudades del territorio nacional, en desacuerdo a la decisión del Congreso de la República de vacar al expresidente Martín Vizcarra.
Pero lo hecho, hecho está, más las expresiones de rechazo público van más allá del retorno inviable del último ex presidente del Perú, así lo entendemos, puesto que se exige que todo lo avanzado en materia del proceso de elecciones y de lucha contra la corrupción sigan su ruta sin dudas ni enmiendas. El actual mandatario Manuel Merino anunció que todo seguirá como lo programado.
Al margen de las serias discrepancias con el proceder de la mayoría del Congreso de la República, esperamos que la línea de gestión de política de Estado siga el camino trazado, puesto que no estamos hablando que a una gestión se le ocurrió que haya elecciones generales, esto ya está estipulado y pretender alterarlo avivaría la llama que ya empezó con las protestas públicas.
En definitiva, tenemos que seguir paso a paso lo que va sucediendo en la administración del gobierno nacional actual, como una muestra de responsabilidad ciudadana frente a los intereses nacionales que se pretendería reducir a intereses ajenos al bienestar y desarrollo en tranquilidad del país.
La desconfianza es muy grande por los hechos históricos de similares actitudes de los políticos embriagados de poder y enceguecidos por la ambición desmesurada con lo ajeno o mejor dicho con las riquezas que le pertenecen a toda una nación y que ellos, los de turno, no son más que administradores de esos recursos.
Ningún gobierno esta libre de situaciones de corrupción, por lo que facilitar los procesos de investigación es un deber, como en su condición de ciudadano peruano Martín Vizcarra se puso formalmente a entera disposición de la justicia para las interrogantes, inspecciones e indagaciones; y mientras este expediente siga su programación, nosotros sigamos ejerciendo nuestro derecho ciudadano en su mínima y máxima expresión. Estemos atentos.
