La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades competentes a adoptar con celeridad todas las acciones que sean necesarias para evitar que el derrame de petróleo ocurrido el último fin de semana en el río Marañón, afecte los derechos de la población cercana.
«Nuestra principal preocupación es que se abastezca a las poblaciones afectadas con agua suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación y poder llevar a cabo sus actividades cotidianas con normalidad. Además, es urgente evitar que los efectos del derrame se expandan a nuevas zonas», dijo Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
Señaló que se solicitó a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informar sobre las acciones que desarrollan, con el fin de atender las consecuencias del derrame de hidrocarburo.
Por su parte, la oficina de la Defensoría en Loreto lleva a cabo el seguimiento del caso y monitorea las acciones desplegadas por las autoridades locales.
También se encuentra en contacto con el director del centro de salud de Santa Rita de Castilla, capital del distrito de Parinari (donde ocurrieron los hechos), quien habría informado que las reservas de agua de la población se agotaron y se teme que los pobladores comiencen a consumir agua del río, lo que podría afectar su salud.
Actualmente, indicó, se atienden a tres pacientes por malestares generados al haber consumido agua contaminada.
Entre las poblaciones afectadas figuran las comunidades Alfonso Ugarte, Victoria, Santa Rita de Castilla, Ollanta, Roca Fuerte, San Gabriel y otras abastecidas prioritariamente de las aguas del río Marañón.
Además, se conoció que el gobierno regional envió dotaciones de agua que no habrían llegado oportunamente. «Hay que considerar que en la zona habitan unas siete mil personas, de las cuales cuatro mil serían directamente afectadas por el derrame, razón por la cual la dotación de agua debe ser suficiente para abastecer a este número de pobladores», subrayó Lilia Reyes, representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto.
De otro lado, Lanegra indicó que el caso evidencia la importancia de que las autoridades competentes fiscalicen apropiadamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la normativa nacional e internacional para el transporte de hidrocarburos en barcazas.
Según estas, todo medio de transporte susceptible de provocar la contaminación de las aguas deberá contar con los elementos y equipos necesarios para prevenir esa situación o minimizar sus efectos en el ambiente.
Asimismo, para enfrentar cualquier emergencia, la normativa establece la obligación de que las empresas cuenten con un plan de contingencia aprobado por la autoridad competente, el cual debe ser actualizado permanentemente y conocido por todos sus trabajadores, contratistas y subcontratistas.
Lanegra indicó que, sin perjuicio de las sanciones que pudieran generarse tras los hechos ocurridos, las autoridades deben exigir y supervisar la recuperación del crudo y las acciones para remediar las áreas afectadas, así como procurar que se compensen los daños que podrían haberse ocasionado. (GLP)
