- La institución solicitó evaluar si la reducción del 50% de los honorarios cuenta con sustento legal, y pidió adoptar medidas que eviten la afectación económica de los contratistas mientras se resuelve la controversia.
La Defensoría del Pueblo en Loreto exhortó al Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas, a garantizar el pago íntegro de los honorarios pactados con los fiscalizadores de local de votación que prestaron servicios durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el pasado 07 de junio.
La intervención se produce luego de que un aproximado de 120 ex fiscalizadores realizaran acciones de protesta en el frontis del JEE Maynas, tras conocer que la entidad pretende reducir en 50% el monto de su retribución, bajo el argumento de no haber completado un curso virtual (MOOC) de la Escuela Electoral de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones.
Según los afectados, dicho requisito no fue comunicado oportunamente, ni figuraba como condición en los contratos suscritos y muchos de ellos, se desempeñaron como fiscalizadores en la primera vuelta sin mayores observaciones.
Los ciudadanos afectados sostienen que cumplieron con el objeto de su contrato y la finalidad pública: fiscalizar los locales de votación durante la jornada electoral y presentar el informe correspondiente con las evidencias de su trabajo, documento que fue entregado oportunamente para el trámite de pago.
“La reducción de un pago pactado debe estar sustentada en una cláusula contractual expresa o en una norma aplicable, y debe ser comunicada oportunamente a los contratistas. La ausencia de información clara y de canales de diálogo es, precisamente, lo que suele derivar en conflictos sociales”, señaló el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque Becerra.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó al JEE Maynas evaluar de manera inmediata si la reducción del pago cuenta con sustento contractual o normativo suficiente, motivar debidamente sus decisiones y comunicarlas con oportunidad a los fiscalizadores de local de votación.
Asimismo, planteó adoptar otras medidas que eviten la afectación patrimonial de los fiscalizadores mientras se resuelve de manera definitiva la controversia, e implementar espacios de diálogo con los ciudadanos afectados.
La Defensoría del Pueblo reitera su disposición a acompañar el diálogo entre las partes, en el marco de sus competencias constitucionales de prevención y gestión de conflictos sociales, con el objetivo de evitar el escalamiento de la protesta y preservar la confianza ciudadana en las instituciones del sistema electoral.
