- En “21 de Setiembre” e “Iván Vásquez Valera” de Punchana.
El pasado miércoles, el juez Luis Miguel Del Águila Campos del Primer Juzgado Civil de Iquitos otorgó un plazo de 10 días para que las autoridades cumplan con la sentencia del Tribunal Constitucional que exige la atención a los asentamientos humanos «21 de Setiembre» e «Iván Vásquez» en el distrito de Punchana.
Abel Chiroque, jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto, se destacó la importancia de este fallo para la restitución de los derechos fundamentales de los pobladores, quienes llevan desde hace muchos años expuestos a situaciones de contaminación ambiental.
Chiroque explicó que la sentencia busca garantizar el acceso al agua potable y un ambiente sano, derechos esenciales que, a pesar de haber sido reconocidos por el Tribunal Constitucional hace más de un año, no han sido debidamente atendidos. «Estos 10 días otorgados por el juez representan una nueva oportunidad para que las autoridades demuestren cómo van a cumplir con la sentencia», señaló Chiroque.
Durante la audiencia, quedó claro que algunas autoridades intentaron sorprender al juez, presentando informes que alegaban avances, cuando en la práctica no se ha visto una mejora significativa. «El Poder Judicial está asumiendo su rol de administrar justicia, y ahora la Defensoría del Pueblo está liderando una comisión multisectorial para garantizar el cumplimiento de esta sentencia», añadió el defensor del pueblo.
Al ser consultado sobre qué pasaría si las autoridades no cumplen con el plazo establecido, Chiroque advirtió que el juez tiene la potestad de imponer sanciones, como multas o, en casos extremos, la destitución de funcionarios. «Este es un proceso constitucional que involucra derechos fundamentales. No cumplir con un mandato judicial en este contexto podría acarrear graves consecuencias», puntualizó.
Finalmente, Chiroque instó a las autoridades a actuar con responsabilidad y cumplir con las disposiciones judiciales para evitar llegar a escenarios más severos. La Defensoría del Pueblo continuará supervisando de cerca el proceso para asegurar que se respeten los derechos de los pobladores de los asentamientos afectados.
(K. Rodriguez)
