- Tienen graves problemas para acceder a los servicios de educación, salud y justicia
- Para acceder a un juzgado, una mujer de la cuenca del río Chambira debe desplazarse entre tres y siete días vía fluvial
- ¿Y la política de inclusión del gobierno central?
Personal de la Defensoría del Pueblo visitó el pueblo indígena Urarina, ubicado en la cuenca del río Chambira, región Loreto, y tomó conocimiento de los graves problemas que afrontan los ciudadanos, en especial las mujeres, para acceder a los servicios de educación, salud y justicia.
Según el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, otros problemas que afrontan los pobladores de la comunidad Urarina son las dificultades para obtener el documento nacional de identidad y para ser beneficiados con los programas sociales. En ese sentido, invocó a las autoridades pertinentes a tomar acciones para revertir esta situación que afecta la integridad y desarrollo de esta parte de nuestra población.
En el documento alcanzado al ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, el funcionario indica que durante la supervisión, extendida en la cuenca del río Chambira y realizada entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre, se tomó conocimiento de un conjunto de problemas en el Centro Rural de Formación en Alternancia N° 601526, el cual recibe a las y los adolescentes de la comunidad Urarina en una situación de altos niveles de pobreza y de inaccesibilidad geográfica.
Vega Luna informó que se conoció también que un mínimo porcentaje de asistencia de alumnas mujeres indígenas al colegio secundario y se ha verificado las dificultades que tienen los escolares para trasladarse vía fluvial desde sus comunidades a la institución educativa, lo que genera la deserción escolar. Por ello se ha solicitado la implementación de un servicio de movilidad escolar fluvial para trasladarlos hasta el Centro Rural de Formación en Alternancia y así garantizar su asistencia y permanencia, y al mismo tiempo incentivar la matrícula de un mayor número de adolescentes para el próximo año escolar.
Asimismo, considerando que los y las alumnas estudian bajo un sistema de alternancia, debiendo permanecer 15 días en el colegio y los otros 15 retornan a sus comunidades; el Defensor del Pueblo ha propuesto al portafolio de Educación coordinar con el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo un mayor presupuesto para el programa social Qali Warma a fin de garantizar la cena y la alimentación de los fines de semana en el período que permanecen en el centro de estudios. No menos importante resulta las dificultades para obtener el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI). Se encontró que 305 personas, entre niños y adultos, no contarían con el DNI.
De otro lado, se advirtió la poca posibilidad que tienen las mujeres para lograr una sanción efectiva a sus agresores ante situaciones de violencia familiar y sexual. Entre las limitaciones más frecuentes está la lejanía e inaccesibilidad geográfica de las comisarías. Una mujer de la cuenca del río Chambira debe desplazarse entre dos y seis días vía fluvial para llegar a la comisaría más cercana, y para acceder a un juzgado entre tres y siete días. Además, la mayoría de ellas no dominan el castellano y los servicios que ofrece el Estado no cuentan con traductores o intérpretes.
La Defensoría del Pueblo, también tomó conocimiento de diversas quejas respecto de la ejecución de algunos programas sociales, como Qali Warma, Pensión 65 y Juntos, por lo que se solicitó brindar información suficiente, oportuna y comprensible sobre los criterios de permanencia de los beneficiarios. (GL)
