Defensor del Pueblo critica el sistema de justicia en Loreto tras el fallecimiento de una menor de 13 años víctima de agresión sexual

Señala que la denuncia fue puesta en agosto, pero la menor recién daría declaraciones en cámara Gesell a finales de noviembre, cuando ya se encontraba en UCI.
El sensible fallecimiento de una menor de 13 años víctima de agresión sexual en la ciudad de Iquitos motivó a que entidades como la Defensoría del Pueblo, la cual había hecho seguimiento al caso, se pronuncien con respecto a las deficiencias del sistema de justicia en la región Loreto.
Y es que para el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque, esta tragedia fue el resultado de una actitud carente de celeridad y compromiso por parte de las autoridades encargadas de administrar la justicia. Aseguró que cuando la Defensoría del Pueblo decidió investigar los motivos de la demora en el proceso judicial y en la atención de la menor, se dieron con la sorpresa de que el proceso se había prolongado mucho más de lo debido.
“Nos enteramos que la denuncia fue puesta desde agosto, se demoraron 6 días en comunicar al juzgado de familia para que emita las medidas de protección, se tardó 6 días la policía para poder remitir todos los actuados a la fiscalía, la fiscalía tardó casi dos meses en comunicar la disposición fiscal al juzgado de investigación preparatoria y fue al día siguiente que la niña ingresó a UCI, en ese tránsito, la menor quedó en un estado en que no pudo tomarse sus declaraciones en cámara Gesell”, declaró el defensor.
Cabe resaltar, que la menor falleció el 27 de noviembre, es decir, casi 3 meses después de que fue puesta la denuncia. No obstante, perdió la vida sin conocer la justicia loretana.
En ese sentido, el jefe de la Defensoría sostuvo que este lamentable hecho sirve de reflexión para que las autoridades no vuelvan a cometer acciones tan negligentes y parsimoniosas cuando se trata de un caso de urgencia y más aún, que involucra a la salud y la dignidad de una menor de edad.
“Un llamado a la policía, Ministerio Público y Poder Judicial, porque desde la policía se demoraron 6 días, cuando en la norma se establece que se debe comunicar los hechos en no más de 24 horas. Además las medidas de protección fueron admitidas el 23 de octubre, es decir ¡cuando las adolescente ya estaba en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)!”, criticó.
Agregó: “El objetivo es recordar a las entidades encargadas del sistema de administración de justicia que deben tener en cuenta principios elementales, como del interés superior del niño y el adolescente, de la debida diligencia para investigar casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, y el tema de la celeridad, no es posible que programaran la entrevista en cámara Gesell cuando la menor ya estaba en UCI”, lamentó el funcionario. (A. Padilla)