Defender la dignidad

Hace más de veinte años que tomamos conocimiento del grave delito de la trata de personas, antes conocida también como la trata de blancas, sin embargo, recién en los últimos diez años que vimos una real acción en contra de los que cometen este tipo de delitos.
Una de las reflexiones aquellos años a inicios del 2000 era respecto a que si sólo se tipificaría como trata de personas a la figura de secuestro para explotación de personas, como si fueran cosas, y no seres con derechos.
La inquietud iba en el sentido de que se consideraba trata si la persona había sido llevada en contra de su voluntad y encerrada bajo llaves en algún ambiente. Y nos preguntábamos, qué de las personas que han perdido la voluntad de defenderse ante amenazas explícitas y se dejaban ser explotadas, siendo aparentemente libres.
Ya habíamos visto casos como de personas que con el cuento de apadrinar traían adolescentes hasta niñas de las zonas rurales de Loreto para que “estudien”, y eso nunca pasaba, y si las matriculaban terminaban abandonando por falta de rendimiento, debido a que en la casa eran personal de servicio casi 24 horas.
Una forma esclavitud muy disimulada, porque la joven no tenía dinero para regresar a su pueblo, porque tampoco la pagaban porque le encaraban la ropa que le compraban, la comida, y otras atenciones que recibía. No se daba la figura de secuestro encerrada, pero sí había sido anulada totalmente para defenderse, y no tenían a dónde recurrir, ni a quién porque sus familias estaban en la chacra, como más se solía decir, antes.
Por eso es muy importante, que la fiscalía y policía de trata de personas vienen identificando casos que ahora sí configuran en trata de personas, así no hayan tenido que ser secuestradas, sino traídas con engaños como falsas promesas de estudios y bienestar. Esto se tiene que acabar y las personas aprender a defenderse de este tipo de delitos graves previstos en el artículo 129-A del Código Penal. Es para defender la dignidad.
El compromiso es de todos, si sospechamos de un caso podemos denunciar de forma anónima, y así seguir dándole batalla a los delitos que atentan contra la dignidad humana, pueden conllevar a penas de hasta 25 años de prisión, conforme al marco legal vigente.