Desde que arribamos a la categoría de república independiente, el sentimiento generalizado de la ciudadanía ha sido establecer una norma que obligue a todo ciudadano que arribe o pretenda ejercer una función pública, a declarar su patrimonio personal, así como sus ingresos económicos en el contexto de su hoja de vida.
Tal acto según tal sentimiento, permitiría un mejor control económico de las actividades del funcionario que va a cumplir una obligación burocrática o una función política; sin embargo, pese a los continuos pedidos y sugerencias en tal sentido, aún no se ha logrado que exista una norma legal.
Consultado al respecto en cuanto los candidatos al próximo gobierno nacional, el titular del JNE indicó que los candidatos no están obligados a declarar o informar sobre su patrimonio personal, pero que por respeto a la ciudadanía que paga sus sueldos, deberían hacerlo. Se precisa aclarar que cuando un candidato voluntariamente da a conocer su hoja de vida detallando sus ingresos, este documento adquiere categoría de declaración jurada.
Estando ad portas de un proceso electoral, el más importante del país, advertimos que existen algunos candidatos que han declarado su caudal económico, en prueba de su buena fe; sin embargo, varios de ellos han faltado a la verdad en su información, por lo que el JNE les otorga la opción de rectificación en un plazo aceptable y generoso.
Debe advertirse que la información equivocada que minimiza las sumas que recibe el declarante, no son motivo de sanción, sino de rectificación. Eso hace que la mayoría ciudadana insista en la obligación de una declaración jurada rodeada de todas las garantías del caso, acompañadas de una línea de sanciones que sirva de advertencia a los infractores.
Aquí cabe hacer notar a los candidatos que se niegan a declarar su patrimonio, que comienzan perdiendo la elección, pues el votante casi siempre opta por quien no tiene secretos, sobre todo económicos con sus electores.
