– Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el legislador Juan Carlos Eguren (PPC-APP), acorde con el compromiso interinstitucional adquirido y firmado en setiembre del 2013 con la Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Fiscalía de la Nación, Contraloría General de la República y Consejo Nacional de la Magistratura, siguió una agenda legislativa con tolerancia cero a la corrupción.
Para ello, las iniciativas legislativas, comprendidas en la «Agenda Tolerancia Cero a la Corrupción», fueron aprobadas en su totalidad sobre importantes temas como la ley que otorga al presidente del Poder Judicial facultades excepcionales frente a situaciones de carácter también excepcional; ley que regula la creación y organización de la Corte Superior Nacional; ley de reforma a los ámbitos de gobierno y de organización del Poder Judicial; ley que establece el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles; ley que regula las notificaciones electrónicas en la administración de justicia.
Asimismo, la ley que modifica el concepto penal de funcionario público; la que crea el sistema nacional de remates electrónicos judiciales; ley que incorpora la pena de multa en los delitos de corrupción, modificación del Código Penal para establecer requisitos para suspender la ejecución de la pena. Asimismo, la modificación del Código Penal para reprimir con pena privativa de la libertad los delitos de colusión y peculado; ley de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado, entre otros.
En el marco de sus atribuciones legislativas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha estudiado y dictaminado también iniciativas de acceso a la justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos.
La Presidencia de la Comisión impulsó dictámenes que se encuentran pendientes de debate ante el Pleno del Congreso correspondiente a las legislaturas anteriores, tales como las modificaciones al Código Penal, procesal penal, de ejecución penal y otras normas relativas al sistema penitenciario, Código de los Niños y Adolescentes, reformas propuestas por la Comisión Especial de Estudio del Anteproyecto del Código Civil y la adecuación de la legislación nacional a los tratados internacionales, referidos a temas específicos de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ejerció su función de fiscalización y control político, solicitando y recibiendo información de interés público, entre otros, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y del Instituto Nacional Penitenciario.
Grupos de trabajo
La Comisión, a propuesta de sus miembros, constituyó Grupos de Trabajo de análisis, seguimiento y/o investigación tales como el Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de Reforma de Códigos: Procesal Penal; Ejecución Penal y Política Criminal y su impacto en la seguridad ciudadana y el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Supervisión del Depósito, Uso y Destino de los Bienes Incautados, el proceso de subasta y destino del producto de los bienes rematados que tiene a su cargo la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI).
Leyes destacadas
Justicia y Derechos Humanos aprobó 20 leyes, dictaminó 53, las mismas que esperan ser discutidas en las sesiones del Pleno. También se rechazó 13 proyectos.
También se aprobó modificaciones a la Ley 30077, contra el Crimen Organizado, estableciendo competencia a los juzgados penales nacionales y de la Sala Penal Nacional en procesos penales contra organizaciones criminales por delitos graves con repercusión nacional o internacional.
También la ley que regula la presentación de declaración jurada de Ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.
Con el fin de conocer y posibilitar la evaluación de la situación y evolución patrimonial y financiera de los funcionarios y servidores públicos del Estado, se regula la obligación de presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de éstos; y Ley 30201, que crea el registro de deudores judiciales morosos a cargo del Poder Judicial.
Certificación ISO 9001
En mayo del presente año se realizó una auditoría de certificación por el equipo auditor de SGS-Systems & Services Certification, que ha decidido recomendar la certificación del sistema de gestión de la calidad de los productos elaborados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de acuerdo al alcance de «Elaboración de Pre Dictamen de proyectos de Ley presentados ante el Pleno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Obtener una certificación ISO 9001 evidencia el compromiso de la Comisión con el propósito de lograr la mejora continua de la calidad y la satisfacción del cliente, garantizando la predictibilidad en el desarrollo de sus actividades ordinarias, una progresiva mejora en el contenido del pre dictamen y el adecuado aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. (CR/DL)
