Por: José Álvarez Alonso
La impunidad es la madre del delito y la abuela del subdesarrollo, y debería ser combatida como una de las principales causas del atraso y de los miles de problemas que aquejan a nuestra región, y también al Perú. En todos los países hay delincuentes, pero en los países más prósperos y desarrollados las probabilidades de que vayan a la cárcel y paguen por sus faltas son muy altas. La gente se lo piensa dos veces antes de cometer un delito.
Los países más subdesarrollados se caracterizan, entre otras cosas, porque la corrupción y el delito permanecen en buena medida impunes. Las tasas de delito se disparan, entre otras cosas, porque la gente siente que no corre un alto riesgo violando la ley, y aunque los atrapen, las penas son muy bajas. Además, la sociedad civil «los perdona», no pasa nada, luego de unos años la mayoría se ha olvidado de sus fechorías. La impunidad se convierte en el mejor fertilizante del delito.
En los países con más tradición en el imperio de la Ley y del Estado de Derecho, quien comete un delito grave, aún cuando pague su culpa con multa o cárcel, es estigmatizado y muy difícilmente recupera la confianza y aprecio de la sociedad. Es una especie de control social muy importante, pues la persona es marginada, pierde su reconocimiento social y, por supuesto, nunca es considerada para ocupar puestos públicos o de responsabilidad social. En nuestra tierra, la memoria es débil y la tolerancia, inmensa, y donde no debería ser aplicada: personas que fueron o son delincuentes públicos (convictos o no por la justicia, eso es poco relevante conociendo cómo anda aquí la justicia), son aplaudidos, nominados y elegidos para puestos relevantes. Me vienen a la mente decenas de casos de personas que han cogido fama bien ganada de coimeros, ladrones, narcos y otras lacras, que han dado signos bien visibles de enriquecimiento ilícito ocupando puestos importantes, y que al cabo de unos años se los ve resucitando de nuevo en un nuevo puesto de confianza, sea elegidos a dedo o democráticamente.
Ejemplos de impunidad cotidiana sobran en esta región: impunidad de los profesores de primaria y secundaria, que venden notas o se meten con sus alumn@s, o no cumplen con su labor, dejando a los alumnos sin clase muchos días, y salen bien parados porque convencen a padres de familia y colegas de que no los denuncien; impunidad de los directores de colegio, que cobran por contrato de sus profesores, en efectivo o ‘en especie’; impunidad de profesores universitarios -¡hasta el 90% en una facultad!, según se informó recientemente- que cobran, de nuevo en efectivo o ‘en especie’, por aprobar a sus alumnos y ‘arreglan’ con las autoridades; impunidad de alcaldes y otros altos cargos públicos, que saquean el erario público a vista y paciencia, cobran comisiones leoninas y realizan obras sobrevaluadas y de pésima calidad; impunidad de algunos narcos convertidos en personajes públicos (incluyendo algunos bien conocidos alcaldes) y son festejados por todos; impunidad de periodistas que vendieron su voz y su pluma al mejor postor, y siguen pregonando la verdad y la justicia; impunidad de rateros y estafadores que trabajan por años a vista y paciencia de los ciudadanos decentes, y no les pasa nada… Llenaríamos páginas hablando de casos de impunidad.
Dos ejemplos emblemáticos
Un caso de clamorosa impunidad, muy sonado en Loreto, es el de la industria maderera, que es acusada de procesar y comercializar más del 97% de la madera de procedencia ilegal (según el Grupo Regional de Manejo de Bosques de Loreto). Personajes ‘respetados’ -es un decir- y que incluso reciben honores y alabanzas de ciertos sectores, son conocidos por haber saqueado la caoba y el cedro a lo largo y ancho de la región, incluyendo la Reserva Nacional Pacaya – Samiria, del Parque Nacional Cordillera Azul, y otras zonas protegidas, además de territorios indígenas. Ni uno solo de estos delincuentes ha ido jamás a la cárcel por este flagrante atropello – es delito ecológico el talar madera dentro de un área protegida, y es delito de lesa humanidad explotar y saquear los recursos de indefensos indígenas- o ha sufrido multas por el gravísimo daño que ha producido a la región y al país.
Otro caso emblemático de impunidad es el de los que manipulan intencionalmente el tubo de escape de sus vehículos, en Iquitos y otras ciudades amazónicas, para producir más ruido y sentirse ‘alguien» (qué quizás serán…). Esta violación flagrante de la normatividad vigente se produce en todo momento a plena luz del día por cientos, miles de motoristas y motocarristas, pero ninguno o muy pocos son detenidos (como manda el nuevo Reglamento Nacional de Tránsito) o multados por esto. Llevamos más de cinco meses sin que se haya sido impuesta ni una sola multa por ruido en Iquitos, ni haya sido internado al depósito municipal un solo vehículo: incentivo perfecto para que otros muchos se animen a violar la ley. Tampoco la Fiscalía Ambiental hace nada por denunciar a estos indeseables ni a quienes en fiestas, parrilladas y calles comerciales torturan con sus parlantes al vecindario. Y no nos vengan con que no tienen «recursos» para hacer operativos: el delito aquí es flagrante, conspicuo y continuo. ¿Qué esperan quienes viven de nuestros impuestos y no cumplen su labor?
El pasado 7 de abril fue publicada la Ordenanza Nº 004-2010-MPM, que, entre otras cosas, establece una rebaja del 90% para los miles de multas no pagadas por quienes han convertido en Iquitos en una ciudad poco menos que inhabitable, con su desprecio a las normas de tránsito. Lo increíble es que hace cosa de un año fue aprobada por el mismo Concejo Municipal de Maynas la ordenanza municipal N° 003-2009, que establece las normas y máximos permisibles sobre el ruido, y fuertes multas para los violadores «sin opción a la rebaja de las multas» que se aplicó por años y que provocó la catástrofe sonora que es ahora Iquitos. La misma MPM ensucia con una mano lo que limpia con la otra, y envía un inmenso mensaje a los violadores de la ley: «Hagan lo que les da la real gana, no les pasará nada, siempre habrá alguien que por politiquería o por tapar huecos en una moribunda y caótica administración municipal trate de hacer caja cobrando multas viejas con descuentos demenciales».
De nuevo triunfa la impunidad para dolor y desgracia de la inmensa mayoría de los sufridos Iquiteños.
