Cuentas de Municipalidad Distrital de Belén serían embargadas

  • Por deuda de seis millones de soles a empresa constructora


En conferencia de prensa ofrecida por el alcalde del distrito de Belén, Cesar Vidaurre, junto a sus funcionarios, informó sobre el proceso de transferencia y rendición de cuenta de la gestión del exalcalde Gerson Lecca. El alcalde Vidaurre, expresó su preocupación por un posible embargo tras un fallo judicial a favor de una empresa constructora por un monto cercano a los 6 millones de soles.
“Preocupa bastante, porque hay un embargo de seis millones (de soles) que posiblemente se puede dar en estos tiempos. Nuestra preocupación es porque la parte judicial dio a conocer esto en el mes de enero del año 2021, han pasado dos años en la que se pudo haber realizado negociaciones para evitar este embargo”, refirió el gerente municipal, Carlos Pezo.
El funcionario Pezo indicó que se encuentra en riesgo el trabajo operativo de los servicios públicos y los haberes de los trabajadores. Según precisó se trata de la obra de una vereda, que se ejecutó en la comunidad de Ushpacaño, durante la gestión del exalcalde Hermógenes Flores, que entró en un proceso judicial, que no recibió una atención adecuada por quienes estuvieron a cargo de la administración del municipio.
Por ese motivo, señaló que la parte legal de la municipalidad inició un proceso, por la falta de atención por parte de procuraduría de la institución, para sancionar a los responsables.
También identificaron un cobro irregular, que se giró el último día del año, pero fue cobrado por el extesorero Abel Mori, el primer día hábil de este año. “el cobro se ha efectuado este año por parte del tesorero de la gestión anterior, eso es un acto incorrecto. Lo correcto que debía hacer es dejar todo saneado durante su último día de trabajo”, manifestó el funcionario.
El alcalde Vidaurre y los funcionarios municipales, señalaron que la conferencia se realizó con información tras un análisis rápido, que generó preocupaciones, que permitió iniciar acciones legales y establecer acciones para reactivar los servicios públicos.
Finalizaron señalando que, en un plazo de 100 días, realizarán el informe de gestión y la identificación de posibles irregularidades que se darán a conocer de manera inmediata a la población.
(K. Rodriguez)