- Al alcanzar el tercer lugar entre 34 Cortes del Perú, registrando 163 mil actos procesales sin inconsistencias.
- El registro preciso de expedientes judiciales contribuirá con la mejor distribución de la carga procesal, y una justicia más célere.
Con cero inconsistencias y una precisión absoluta entre el pre inventario y el inventario final del año 2024, la Corte Superior de Justicia de Loreto, que preside el magistrado Reynaldo Elías Cajamarca Porras, ha alcanzado el tercer lugar a nivel nacional en el inventario judicial, de entre 34 Cortes de Justicia del Perú.
Asimismo, junto a las Cortes de Cajamarca y la Corte Superior Nacional, Loreto se consolida entre las 3 únicas Cortes que lograron la concordancia exacta entre ambos registros (preinventario e inventario), demostrando un control estadístico excepcional.
El resultado, validado por el Portal Estadístico del Poder Judicial, también evidencia la dedicación y rigurosidad en el procesamiento y verificación de 163 332 actos procesales correspondientes al año 2024, cifra que representa un incremento del 49.9 % respecto al 2023, cuando se contabilizaron 108 964 expedientes.
A tan importante logro ha coadyuvado la Oficina de Estadística de esta Corte, que lidera el ingeniero Charles Calle Vela, cuyo compromiso y vocación superaron las limitaciones presupuestales. A diferencia de otras cortes ejecutoras —que gestionan directamente sus recursos para personal y bienes—, Loreto es una entidad rendidora y ha cumplido con el inventariado sin contar con personal adicional, o mayores recursos.
Su presidente, el magistrado Reynaldo Elías Cajamarca Porras, resaltó el “liderazgo técnico y la convicción institucional” para ayudar a fortalecer los procesos de trabajo en mejora del funcionamiento del servicio de justicia.
A su vez, refirió como ‘crucial’ la información cuantitativa: “un inventario validado y sin errores permite la toma de decisiones con base en datos reales”. Y es que el conocimiento de la cantidad exacta de expedientes y actos procesales fortalece la planificación institucional, facilita la redistribución de carga entre los órganos jurisdiccionales y orienta el uso de los recursos públicos, todo en favor de una justicia más ágil y eficiente para la población.
