Jueces de la Corte Superior de Justicia de Loreto sostuvieron una reunión técnica con el objetivo de identificar los actos procesales que -a la fecha- no son considerados como producción judicial, pese a que su naturaleza es la resolución de un conflicto, además de requerir esfuerzos y recursos del Estado.
Al respecto, la mayoría de magistrados coincidió que el servicio de justicia debe medirse por la resolución de conflictos. Sin embargo, en los procesos penales con varios acusados, las resoluciones parciales no se consideran, lo que convierte procesos complejos en simples estadísticas, ignorando el impacto real en las vidas involucradas.
“Es esencial considerar los hitos estadísticos que hoy no se cuentan, pero que implican trabajo efectivo y costos para el Estado toda vez que se pone en funcionamiento el aparato judicial” manifestó el presidente encargado de la Corte de Loreto, Aldo Nervo Atarama Lonzoy.
Mientras que, el juez Marco Antonio Kahn Olórtegui destacó: “En materia penal, no se contabiliza la producción si no se resuelve la situación de hasta el último procesado”. Luego, explicó un caso recurrente: “Si un proceso tiene 06 requisitoriados, pero sólo se resuelve sobre 02 de ellos no se considera, aun cuando hubo un juicio extenso”.
Igualmente, se planteó considerar los beneficios penitenciarios en la estadística de productividad. Al respecto, se mencionó: “En un día llevamos hasta 20 audiencias por estos casos”, añadió un magistrado.
En tanto, los jueces de familia propusieron incluir los procesos de tutela de menores.
Igualmente, desde la sede de Requena, los magistrados sugirieron se contabilicen las resoluciones emitidas en etapas preliminares, como tutela de derechos, prueba anticipada, detención por flagrancia, detención preliminar o medidas limitativas de derechos. Además, las resoluciones finales en cuadernos cautelares y medidas socioeducativas, entre otras.
De otro lado, se advirtió que dicha problemática afecta las evaluaciones de desempeño de los magistrados.
Para abordar este problema, la Corte elevará un informe al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con las propuestas discutidas. La institución informará sobre los avances oportunamente.