- Pronunciamiento se dio luego que Defensoría del Pueblo presentara demanda de inconstitucionalidad contra la norma referida.
En un reciente pronunciamiento, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha instado al Congreso de la República a revisar y modificar el Decreto Legislativo 1373, referente a la extinción de dominio, una norma que vulnera el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución.
La solicitud del CAL se produce tras la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo, que también cuestiona la legalidad de la norma. Según el comunicado del Colegio de Abogados de Lima, la ley actual establece un proceso especial para la extinción de dominio en casos vinculados a delitos graves, como corrupción, narcotráfico, terrorismo, y lavado de activos, entre otros. Sin embargo, la preocupación radica en que estos procedimientos pueden afectar los bienes de una persona sin que exista un fallo judicial firme en su contra.
El CAL destaca que la ley invierte la carga de la prueba en detrimento del acusado, lo cual contradice el principio fundamental del derecho penal, donde recae sobre la parte acusadora la responsabilidad de probar la culpabilidad. “Con esta norma, si un ciudadano es acusado de haber adquirido un bien de forma ilícita, será él quien deba demostrar lo contrario, y de no poder hacerlo, perderá su propiedad”, alerta la institución.
Además, advierten sobre los riesgos que esta ley presenta para aquellos ciudadanos que, debido a la informalidad en el registro de sus propiedades, podrían verse incapaces de demostrar el origen lícito de sus bienes. Esto podría resultar en la pérdida injusta de sus propiedades, afectando a personas que adquirieron sus bienes hace décadas, cuando no existían las mismas exigencias de bancarización y registro público.
Ante esta situación, el CAL ha instado al Congreso a evitar que la norma siga promoviendo la inversión de la carga de la prueba, ya que esto no solo vulneraría derechos fundamentales, sino que también pondría en riesgo el debido proceso en los casos de extinción de dominio. En lugar de ello, el Colegio propone que se fortalezcan los mecanismos ya existentes en el ordenamiento procesal civil y penal, que son eficaces para combatir la corrupción sin violar los derechos de los ciudadanos.
En esa misma línea el abogado constitucionalista Wilmer Medina, en declaraciones a Canal N, respaldó la postura del CAL, señalando que la ley de extinción de dominio “presume que todos los activos son de origen ilícito” y advirtió que “quitarle a una persona su propiedad sin someterla a una investigación y sin un proceso con condena es, en esencia, un robo estatal”.
