En la política de una justicia ágil y eficiente para personas en vulnerabilidad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Reynaldo Elías Cajamarca Porras, concertó acuerdos clave para garantizar el cumplimiento de los mandatos judiciales respecto a la acogida de menores en situación de desprotección familiar.
Las acciones se definieron ayer, durante la reunión que encabezó Cajamarca Porras con Justo David Alayo Tafur, coordinador general del Centro de Acogida Residencial Padre Ángel Rodríguez del INABIF (Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar), junto a profesionales de esta entidad.
Como prioridad, el presidente comprometió articular una mesa de alto nivel con funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y con los responsables del CAR Padre Ángel Rodríguez, el próximo 17 de julio. Se impulsará el pedido de optimizar la infraestructura y equipamiento del CAR, con miras a ampliar su capacidad y calidad de acogida, ante la alta demanda de casos derivados.
Además, Cajamarca Porras gestionará la incorporación del CAR al Comité Regional de Seguridad Ciudadana – Coresec, con el propósito de reforzar la coordinación institucional, en favor de niños y adolescentes expuestos a entornos de riesgo y desprotección.
Participaron, asimismo, las juezas de familia de Maynas. La magistrada Nodi Rivera Vargas del Primer Juzgado de Familia de Maynas se refirió a la prevalencia del mandato constitucional de protección de los derechos del niño, frente a decretos, reglamentos y otros dispositivos. Ello, en el marco de sumar los esfuerzos necesarios de servidores y funcionarios públicos para la atención de casos que comprometen a la niñez y adolescencia.
Por su parte, la jueza Rosita Aurora Varela González, del Segundo Juzgado de Familia, reafirmó el protocolo de derivación estratégica, que agota previamente las opciones con familiares o albergues privados, a fin de mitigar la sobrepoblación de los centros de acogida públicos del departamento de Loreto.
“Ningún formalismo institucional puede estar por encima de la urgencia de proteger a un niño”, expresó Cajamarca Porras.
La Corte de Loreto prosigue firme con acciones concretas para garantizar la protección efectiva y prioritaria de la niñez y adolescencia.
