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Corte de Loreto condena a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida a efectivo policial por delito de peculado doloso

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  • Juzgado de Caballococha también impuso tres años de inhabilitación y el pago de S/ 3,312.80 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

La Corte Superior de Justicia de Loreto, a través del Juzgado Mixto en Adición Penal Unipersonal y Liquidador de la provincia de Mariscal Ramón Castilla – Caballococha, condenó a Alexis Xavier Huapalla Reyes, como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso, en agravio del Estado peruano – Policía Nacional del Perú (PNP).
Mediante Resolución emitida el pasado 10 de noviembre, el magistrado del referido juzgado impuso al sentenciado cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años, además de tres años de inhabilitación, conforme al artículo 36, numerales 1, 2 y 8, del Código Penal.
De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio oral, el sentenciado, quien se desempeñaba como jefe del Puesto de Vigilancia Fronterizo Atacuari y presidente de su Consejo de Administración, tenía bajo su responsabilidad la administración y custodia de 105 galones de gasolina de 90 octanos, destinados exclusivamente a las labores de patrullaje fluvial en la zona fronteriza; sin embargo, el órgano jurisdiccional determinó su responsabilidad penal por la apropiación de dicho combustible, así como por las irregularidades documentales destinadas a encubrir su disposición y justificar su presunto consumo en actividades de patrullaje.
Como parte de la condena, el juzgado también impuso 180 días multa, equivalentes a S/ 3,150.00, y fijó en S/ 3,312.80 el monto de reparación civil que deberá abonar el sentenciado a favor del Estado peruano, por concepto de daño patrimonial y extrapatrimonial.
La suspensión de la pena quedó condicionada al cumplimiento de reglas de conducta durante el periodo de prueba; y la sentencia establece que, ante el incumplimiento de las reglas impuestas, podrá revocarse el periodo de prueba y hacerse efectiva la pena de cuatro años de privación de libertad, conforme a ley.

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