- Pena fue suspendida por tres años, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta. Juzgado también impuso cinco años de inhabilitación y el pago de S/ 5,000 por reparación civil.
La Corte Superior de Justicia de Loreto, a través del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, condenó a Menanger Ezequiel Arévalo Ríos, como autor del delito ambiental de tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 307-E del Código Penal, en agravio del Estado peruano.
El órgano jurisdiccional aprobó el acuerdo de terminación anticipada celebrado entre el Ministerio Público, el procesado y su defensa técnica, emitiendo sentencia condenatoria. En ese sentido, se impuso al sentenciado cinco (05) años de pena privativa de libertad, cuya ejecución fue suspendida por el periodo de tres (03) años, computados desde que la sentencia quede consentida o ejecutoriada.
La suspensión está condicionada al cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas no ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial, comparecer obligatoriamente ante el órgano encargado de la ejecución y no volver a cometer conductas similares que pongan en riesgo el ambiente y sus componentes.
La resolución también establece cinco (05) años de inhabilitación para obtener, por cuenta propia o a través de terceros, concesiones mineras, ejercer labores generales de beneficio o transporte de minerales metálicos o no metálicos, así como para su comercialización. Asimismo, se impuso el pago de 84 días-multa, equivalentes a S/ 861.00, y se fijó una reparación civil de S/ 5,000.00 a favor del Estado peruano, monto que deberá ser cancelado en dos armadas de S/ 2,500.00 cada una: la primera hasta el 30 de noviembre de 2026 y la segunda hasta el 31 de diciembre del mismo año.
La decisión fue emitida por el juez Alejandro Fernández Shuña, aplicando el proceso especial de terminación anticipada, mecanismo que permitió resolver el caso mediante un acuerdo entre las partes, sometido al correspondiente control jurisdiccional.
