- Determinando su inimputabilidad a través de evaluaciones psiquiátricas rigurosas.
- Promoviendo atención en salud mental en hogares protegidos, asegurando sus derechos humanos.
El magistrado Reynaldo Cajamarca Porras, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, recibió en su despacho al director del Hospital Regional, al director de Salud Ejecutivo de Salud Individual de la GERESA, médicos, psiquiatras y equipo para tratar temas de los Hogares Protegidos el cual se centra en la protección de personas vulnerables, especialmente en salud mental, mediante equipos multidisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales).
En esta importante reunión también estuvo presente el Juez Jairo Neiser Salazar Ángulo, Juez Supernumerario del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien estuvo acompañado del Lic. Piero Pezo Ríos, Administrador del Módulo Corporativo de Familia.
Con la intención de asegurar un trato justo y no discriminatorio, con evaluaciones psiquiátricas rigurosas para determinar la inimputabilidad y aplicar medidas de seguridad adecuadas, se trataron temas como la permanencia de los usuarios judicializados internados en los hogares protegidos y en el Hospital Regional de Loreto, pacientes que son derivados por los jueces y fiscales para atenciones en los centros de salud mental y establecimientos de salud de la ciudad ya que los psiquiatras no se abastecen para esta elevada población con procesos de seguridad, hay personas con internamiento preventivo y otros con sanciones penales – medidas de seguridad, cuando se ha logrado determinar que efectivamente ha cometido un delito y se ha demostrado que tiene alteraciones mentales con la pericia psiquiátrica.
Es necesario precisar que son necesarios contar con los profesionales del equipo disciplinario integrados por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros, que con sus pericias e informes, apoyan a jueces en procesos de familia para tomar decisiones informadas, y como mediadores actúan como nexo preventivo, derivando casos y acompañando a la comunidad, buscando su reinserción social y asegurando que los procesos judiciales sean más humanos y efectivos, donde los hogares cumplan su rol de apoyo integral.
Finalmente, se determinó que se gestionará con las instituciones correspondientes, la viabilidad de que el instituto de medicina legal con sede en Lima, pueda efectuar las pericias psiquiátricas para efectos de no recargar a los dos únicos psiquiátricas que cuenta la ciudad, además de que en todos los casos se determinará el estado mental de cada uno de ellos, y para los que ya cumplieron con su condena se debe asegurar que la reinserción a la sociedad del inimputable sea la adecuada, cumpliendo con el principio de la resocialización.
